Contexto y emisión de la resolución
La Resolución 0113 de 2026 fue expedida el 13 de febrero de 2026 por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad máxima autoridad catastral nacional. Esta resolución modifica parcialmente la Resolución 2057 de 30 de diciembre de 2025, que implementó el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023. La normativa se inscribe en el marco constitucional y legal que regula la gestión catastral como servicio público, cuyo fin es garantizar la actualización, conservación y difusión de información catastral con enfoque multipropósito para la administración territorial y la seguridad jurídica.
Objeto y destinatarios de la resolución
El objetivo principal es ajustar y corregir las inconsistencias detectadas en la aplicación inicial de los porcentajes de incremento de avalúos catastrales en algunos municipios del país, específicamente en Tesalia (Huila) y Armero (Tolima). La resolución se dirige a los entes territoriales, gestores catastrales y demás actores vinculados con la gestión del catastro, así como a la ciudadanía en general que depende de una valoración catastral actualizada para la correcta liquidación de impuestos y trámites relacionados con la propiedad inmueble.
Decisiones clave y regulaciones
La resolución establece:
- La exclusión de Tesalia y Armero del régimen de incrementos de avalúos catastrales definidos en la Resolución 2057 de 2025 para la vigencia del año 2026.
- La aplicación para dichos municipios de los incrementos previstos en el Decreto 1480 de 30 de diciembre de 2025, expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- La vigencia de los ajustes de avalúos para mutaciones inmobiliarias a partir del 1 de enero de 2026, conforme a la normatividad vigente.
- La continuidad de las demás disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 en todos los aspectos no modificados.
- La publicación oficial de la resolución en el Diario Oficial, en las sedes territoriales del IGAC y en sus plataformas digitales para asegurar la transparencia y conocimiento público.
- La resolución no admite recurso alguno, garantizando la firmeza de la decisión administrativa.
Base legal y fundamentación normativa
Esta regulación se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas:
| Norma | Contenido Relevante |
|---|
| Artículo 365 de la Constitución Política | Establece los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado, con regulación y control estatal. |
| Ley 2294 de 2023, Artículo 43 y 49 | Define la gestión catastral como servicio público estatal y ordena la reducción del rezago en avalúos mediante actualización masiva. |
| Decreto 846 de 2021, Artículo 10 | Faculta al Director General del IGAC para expedir resoluciones en materia catastral. |
| Resolución 1040 de 2023 y Resolución 1912 de 2024 | Establecen metodologías para la actualización masiva de avalúos catastrales rezagados. |
| Decreto 1480 de 2025 | Determina incrementos específicos para avalúos en municipios excluidos de la metodología del IGAC. |
| Ley 1437 de 2011, Artículo 65 y 75 | Regula la publicación de actos administrativos y la irrecurribilidad de ciertos actos. |
Impacto y relevancia
La resolución responde a la necesidad de corregir inconsistencias técnicas detectadas en la liquidación de avalúos en municipios con rezagos importantes en la actualización catastral. Al excluir a Tesalia y Armero del ajuste masivo y aplicar incrementos según parámetros del DNP, se busca evitar distorsiones que puedan afectar las finanzas territoriales y la equidad tributaria. Esta medida contribuye a mantener la transparencia y estabilidad en la gestión catastral y tributaria, al tiempo que fortalece la planificación territorial basada en información actualizada y confiable. Además, el procedimiento establecido garantiza la participación coordinada entre entidades nacionales y territoriales en el proceso de actualización catastral.
En suma, la Resolución 0113 de 2026 del IGAC representa un paso técnico y administrativo relevante en la implementación del marco normativo reciente que regula la gestión catastral, sus actualizaciones y su impacto en la administración pública y la ciudadanía, asegurando así un proceso más equitativo, transparente y eficiente en la valoración de los bienes inmuebles a nivel nacional.
