Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió un recurso de apelación interpuesto por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial contra una sentencia del Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Tunja, proferida en septiembre de 2023. En primera instancia, se había declarado la nulidad de un acto administrativo que negó el reconocimiento íntegro de la prima especial de servicios a un magistrado de tribunal, ordenando además la reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes pensionales, basados en el 100% de su salario básico más el 30% correspondiente a la prima especial. El demandante, funcionario judicial desde 1988 y magistrado de la Sala Civil Familia de un tribunal superior, reclamó que la entidad no había calculado correctamente dicha prima y las prestaciones relacionadas, al considerar la prima especial como parte del salario básico en un 70%, y no como un incremento adicional. El recurso administrativo presentado en 2017 no fue resuelto expresamente, lo que motivó la acción judicial.

Consideraciones jurídicas centrales

La Sala de Decisión analizó la aplicación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que establece una prima especial para determinados funcionarios judiciales, y los decretos salariales posteriores, en especial el Decreto 610 de 1998, que creó la bonificación por compensación. Esta bonificación, junto con la prima especial y demás ingresos, debe garantizar que los magistrados de tribunal perciban ingresos equivalentes al 80% de lo que ganan los magistrados de alta corte, incluyendo cesantías. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la prima especial es un incremento al salario básico para efectos de prestaciones sociales y que la bonificación por compensación subsume a dicha prima, impidiendo que la suma de ambas supere el techo del 80%. Así, el reconocimiento de la prima especial y la reliquidación de prestaciones deben condicionarse a este límite, para evitar que el ingreso total del funcionario supere el máximo legal. En el caso concreto, se comprobó que el magistrado demandante recibió la prima especial y la bonificación por compensación durante el periodo reclamado. Por tanto, la Sala modificó la sentencia de primera instancia para precisar que el reconocimiento del 30% del salario básico debe estar sujeto al límite del 80% de las remuneraciones totales de los magistrados de alta corte, incluyendo el auxilio de cesantías. Asimismo, se confirmó la obligación de reliquidar las prestaciones sociales con base en el 100% del salario básico siempre que no se supere dicho tope. Respecto a los aportes pensionales, la Sala reiteró que son derechos irrenunciables e imprescriptibles, por lo que deben ser reconocidos sobre las sumas ajustadas en la sentencia, sin que prospere la apelación que pretendía excluirlos.

Decisión y efectos procesales

El Tribunal Administrativo de Boyacá aceptó el impedimento de un magistrado para conocer el proceso, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en los términos indicados y confirmó el resto de la decisión, incluida la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado y la condena al pago de las diferencias económicas. No se impuso condena en costas en esta instancia, considerando que la apelación no careció de fundamentación. Finalmente, la providencia ordena devolver el expediente al juzgado de origen para su cumplimiento.

Conclusión

Esta decisión reafirma la interpretación jurisprudencial sobre la prima especial y la bonificación por compensación en el régimen salarial de los funcionarios judiciales, estableciendo límites claros para el reconocimiento de beneficios económicos y la correcta liquidación de prestaciones sociales. Además, destaca la importancia de respetar los derechos laborales irrenunciables, como los aportes pensionales, en el marco de los procesos administrativos y judiciales, garantizando así la protección integral de los derechos de los magistrados y la coherencia con los lineamientos legales vigentes.