Providencia judicial y contexto procesal

La decisión fue proferida por la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia, revisando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja, dictada el 5 de octubre de 2022. En primera instancia, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada mediante el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda fue instaurada por una fiscal delegada ante jueces municipales, quien solicitó la nulidad del oficio mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la prima especial del 30% prevista en la Ley 4 de 1992. La Fiscalía General de la Nación fue la entidad demandada y se opuso a las pretensiones, alegando que desde 2003 las prestaciones sociales se liquidaban sobre el 100% del salario, y que la prima especial tiene carácter salarial solo para efectos pensionales. Además, planteó la excepción de prescripción para los derechos anteriores a tres años antes de la reclamación administrativa.

Antecedentes y fundamentos normativos

El caso gira en torno a la naturaleza y aplicación de la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, regulada por el Decreto 53 de 1993 y la Ley 476 de 1998. Esta prima representa un incremento del salario básico de ciertos servidores públicos, incluidos fiscales y jueces, con efectos salariales principalmente para la liquidación de pensiones. El Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020, aclaró que para los...