Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La resolución fue expedida por la Fiscalía General de la Nación, bajo el número 0-0047, con fecha del 19 de febrero de 2026, y publicada en el Diario Oficial No. 53.405 el 20 de febrero del mismo año.

Tema principal y destinatarios

El documento regula la implementación de una estrategia transitoria para la investigación y judicialización de delitos cometidos en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026. Su destinatario es el conjunto de funcionarios y dependencias de la Fiscalía, así como las entidades vinculadas en la coordinación interinstitucional, dado que el objetivo es fortalecer la respuesta penal frente a conductas que atenten contra mecanismos de participación democrática.

Objetivo y finalidad de la resolución

El propósito central de esta resolución es establecer lineamientos claros para articular la actuación investigativa y judicial durante las etapas previas y concurrentes a las elecciones de 2026. Busca prevenir, detectar y sancionar delitos electorales para proteger la integridad del proceso democrático, asegurando una respuesta rápida y coordinada frente a irregularidades.

Principales decisiones y regulaciones

La estrategia transitoria se estructura en dos etapas:

• Etapa Previa: incluye la elaboración de un mapa de riesgo electoral que identifica territorios con mayor vulnerabilidad, el análisis criminal para determinar modalidades delictivas frecuentes, y la articulación con la política criminal electoral vigente. Además, comprende estrategias de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los canales de denuncia, formación de fiscales especializados, monitoreo de medios y redes sociales, y seguimiento a ataques contra líderes políticos.
• Etapa Investigativa y Judicial: contempla la designación de fiscales enlace con disponibilidad durante los comicios, la habilitación de puestos para la recepción de denuncias en zonas priorizadas, y la aplicación de una ruta clara para la atención y seguimiento de casos. Se establece que toda denuncia relacionada con delitos electorales será tramitada como acto urgente, garantizando la preservación inmediata de pruebas.

Se crea también un Observatorio de Financiación Electoral que analiza violaciones a topes de financiación y gastos de campaña, apoyado en reportes de monitoreo.

Base legal y referencias normativas

La resolución se fundamenta en:

• La Constitución Política, especialmente los artículos 250 y 251 que regulan las funciones de la Fiscalía en materia penal.
• El Decreto Ley 016 de 2014, que establece las funciones y competencias del ente investigador.
• La Ley 1864 de 2017, que regula la política criminal electoral coordinada entre varias entidades.
• La Política Criminal Electoral 2022-2025, que asigna a la Fiscalía un rol estratégico en la persecución de la criminalidad electoral.
• Calendarios electorales establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante resoluciones de 2025.

Modificaciones y plazos

La resolución no revoca normas previas, sino que desarrolla y concreta la política criminal electoral vigente para el contexto específico de las elecciones de 2026. Su vigencia inicia desde la fecha de expedición y se extiende durante todo el proceso electoral correspondiente a la elección del Congreso de la República y de Presidente de la República.

Impacto potencial

Esta regulación representa un esfuerzo institucional para fortalecer la integridad democrática mediante una investigación penal eficaz y coordinada en el ámbito electoral. La implementación de mecanismos especializados, presencia territorial y articulación interinstitucional potencian la capacidad de respuesta frente a delitos electorales, contribuyendo a la confianza ciudadana en el proceso electoral y al respeto del Estado de Derecho.

En conclusión, la Resolución 0-0047 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación es un instrumento clave para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen con transparencia y dentro del marco legal, mediante una estrategia integral y operativa contra la criminalidad electoral. Esta iniciativa fortalecerá la confianza pública en los resultados electorales y promoverá un ambiente democrático seguro y justo para todos los ciudadanos.