Providencia de única instancia en materia de propiedad industrial

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, con competencia para conocer en única instancia los procesos relativos a propiedad industrial, emitió sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estas resoluciones habían declarado fundada la oposición presentada por un tercero y negado el registro como marca del signo mixto "WISE UP" solicitado para distinguir productos en la clase 16 del nomenclátor internacional de Niza.

Antecedentes del caso y proceso judicial

La sociedad solicitante pidió el registro del signo mixto "WISE UP" para productos tales como material didáctico, libros, revistas, folletos y material de enseñanza, todos comprendidos en la clase 16. En respuesta, la sociedad que ostentaba marcas nominativas "WISE" para productos y servicios en las clases 16 y 41 presentó oposición, alegando riesgo de confusión debido a la similitud entre los signos. La SIC, a través de dos resoluciones, negó el registro solicitado por considerar que el signo "WISE UP" era confundible con las marcas "WISE" previamente registradas. La parte solicitante interpuso demanda en contra de estas decisiones administrativas, invocando violación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que regula la irregistrabilidad de signos similares que puedan causar confusión o asociación. Durante el proceso, el Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a la norma aplicable. El Tribunal aclaró criterios para el análisis de similitud y riesgo de confusión o asociación, entre los que destacan la comparación integral de signos, el análisis desde la perspectiva del consumidor medio y la valoración de la conexidad competitiva entre productos y servicios.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado realizó un análisis detallado del caso, enfatizando que la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre "WISE UP" y "WISE" no fue controvertida por la parte demandante, lo que cumple el primer requisito del artículo 136 literal a) para negar el registro. En cuanto a la conexidad competitiva, la Sala evaluó si los productos y servicios protegidos bajo los signos en conflicto son susceptibles de generar confusión o asociación en el público consumidor. Se consideraron criterios como:

• Clase de Niza: Ambos signos identifican productos y servicios en las clases 16 y 41, relacionados con educación y material didáctico.
• Sustituibilidad: Los productos solicitados pueden ser sustituidos por los previamente registrados, satisfaciendo necesidades similares.
• Complementariedad: Los servicios educativos y cursos requieren material didáctico compatible, generando interdependencia funcional.
• Razonabilidad en canales comerciales: Los productos y servicios se comercializan a través de canales similares dirigidos al mismo público objetivo.

La Sala concluyó que esta conexidad funcional y comercial aumenta el riesgo de que el consumidor asocie erróneamente los signos con un mismo origen empresarial, configurando así el riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación previsto en la Decisión 486.

Conclusión y efectos de la sentencia

En consecuencia, la Sala confirmó la legalidad de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negando el registro del signo mixto "WISE UP" para la clase 16. La sentencia enfatiza la importancia de proteger las marcas previamente registradas y prevenir confusiones en el mercado que puedan afectar los derechos de terceros. Finalmente, no se impusieron costas procesales, conforme a lo previsto en la Ley 1437 y el Código General del Proceso, y se ordenó remitir copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectos de seguimiento y cumplimiento de lo establecido en la normativa comunitaria. Esta decisión reafirma el rigor en la protección de la propiedad industrial en Colombia y la importancia de garantizar la claridad y seguridad jurídica en el registro de marcas, protegiendo tanto a los titulares como a los consumidores.