Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado seis de febrero de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, profirió un auto interlocutorio en el marco de un medio de control de nulidad. En esta providencia, la corporación admitió la demanda instaurada contra la Resolución presidencial número 474 de 23 de diciembre de 2025, por medio de la cual se prorrogó una resolución anterior que establecía una Zona de Ubicación Temporal.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad, conforme al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El propósito es obtener la declaratoria de nulidad de los efectos de la mencionada resolución presidencial, previa suspensión provisional. Tras verificar que la demanda cumplía con las formalidades establecidas en los artículos 162 a 166 del CPACA, el tribunal decidió admitirla para su trámite correspondiente.

Consideraciones y disposiciones del auto interlocutorio

El auto interlocutorio ordena notificar personalmente al presidente de la República, a la Procuraduría Delegada ante la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las disposiciones del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. También prevé notificación por estado al demandante. Además, dispone remitir copia de la providencia y de la demanda, junto con sus anexos, a las entidades notificadas, destacando que el demandante ya había realizado la remisión previa de la demanda al presidente de la República, conforme a la normativa aplicable. El auto establece un plazo de treinta días para que la parte demandada conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas o llame en garantía si así lo considera pertinente. Adicionalmente, se exige que durante este término se alleguen los antecedentes administrativos del acto demandado, recordando que la omisión de este deber configura falta disciplinaria gravísima. Finalmente, la providencia ordena informar a la comunidad sobre la existencia del proceso a través del sitio web del Consejo de Estado, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 171 del CPACA, promoviendo así la transparencia y el acceso a la información pública.

Conclusión

Este auto interlocutorio del Consejo de Estado marca el inicio formal del proceso judicial para revisar la legalidad de la prórroga de una resolución presidencial relacionada con una Zona de Ubicación Temporal. La decisión refleja el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales establecidos en el CPACA y la Ley 2080 de 2021, garantizando el derecho de defensa y la publicidad del proceso, aspectos fundamentales en la administración de justicia en Colombia. Se espera que el proceso avance conforme a los términos legales, permitiendo que las partes involucradas presenten sus argumentos y pruebas, para que el Consejo de Estado emita una decisión definitiva que esclarezca la validez o nulidad de la resolución impugnada. Este caso es relevante debido a las implicaciones que tiene la Zona de Ubicación Temporal en materia administrativa y social, por lo que la atención pública y jurídica será continua hasta la culminación del proceso.