Tribunal y contexto procesal

La providencia fue proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, y resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 005, emitida el 31 de marzo de 2023.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones expedidas por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena de la DIAN. Las resoluciones declararon el incumplimiento de obligaciones derivadas de una importación temporal a largo plazo y ordenaron hacer efectiva una póliza de garantía por un monto superior a la sanción legalmente aplicable. Los hechos iniciaron con una declaración de importación temporal a largo plazo realizada en julio de 2004. La demandante aportó una póliza de seguro como garantía para cumplir las obligaciones aduaneras correspondientes. Sin embargo, no cumplió con la obligación de finalizar oportunamente la modalidad de importación temporal. A pesar de haberse allanado a la infracción y haber pagado voluntariamente las multas impuestas, la autoridad aduanera ordenó ejecutar la garantía por su valor total. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de nulidad, argumentando que los actos administrativos no adolecían de incompetencia ni vulneraban el debido proceso. La sociedad demandante y la DIAN interpusieron recurso de apelación, que fue admitido y sustanciado por el Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado realizó un detallado análisis del marco normativo vigente, en particular del Decreto 2685 de 1999 y sus modificaciones, que regulan las modalidades de importación temporal, sus obligaciones y sanciones. Se distinguió entre importación temporal a corto plazo y a largo plazo, resaltando que las consecuencias jurídicas frente al incumplimiento difieren según la modalidad. En el caso concreto, se acreditó que la importación temporal se realizó bajo la modalidad de largo plazo y que la demandante incumplió la obligación de finalizar la modalidad en el término legal. Se probó también que la sociedad se allanó a la infracción, pagó la sanción con los descuentos previstos en la ley y canceló la totalidad de las cuotas tributarias. El Consejo de Estado concluyó que los actos administrativos impugnados incurrieron en falsa motivación, pues:

• Desconocieron que la demandante había pagado las sanciones y tributos correspondientes, por lo que no procedía ejecutar la garantía por su valor total, sino únicamente por el saldo insoluto de tributos, intereses y sanciones según el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.
• Aplicaron un procedimiento incorrecto para hacer efectiva la garantía, utilizando un proceso que solo es procedente cuando no existe un procedimiento sancionatorio previo, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
• Imputaron erróneamente a la demandante la situación irregular de la mercancía, cuando la normativa establece que la administración debe proceder de oficio a modificar la declaración de importación para resolver dicha situación.

Por estas razones, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones demandadas. En cuanto a las pretensiones de restablecimiento del derecho, la Sala negó la suspensión genérica de actuaciones administrativas no individualizadas y no accedió a la condena por daños, al no existir prueba suficiente de perjuicio. Finalmente, no se impuso condena en costas, dado que la entidad demandada actuó dentro de sus derechos y obligaciones legales.

Conclusión de la decisión

El Consejo de Estado reafirmó que los actos administrativos deben estar debidamente motivados, ajustados al marco normativo aplicable y respetar los derechos fundamentales de los administrados. En materia aduanera, la correcta aplicación de las normas sobre importación temporal y la garantía del debido proceso resultan esenciales para evitar nulidades y asegurar la justicia administrativa. Esta providencia destaca la importancia de diferenciar procedimientos sancionatorios de aquellos dirigidos a ejecutar garantías y la necesidad de que la autoridad cuantifique adecuadamente los montos a ejecutar, respetando las reducciones legales y la situación concreta del importador. La sentencia deberá ser cumplida y el expediente devuelto al Tribunal de origen para continuar con el trámite correspondiente, garantizando así la protección de los derechos de la sociedad demandante y la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente.