La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió una respuesta a una inquietud sobre la aparente falta de reducción de precios de la gasolina en estaciones de servicio del municipio de Aguazul. En el documento, la Comisión explicó que su función principal es la regulación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y gas licuado del petróleo (GLP), así como algunos aspectos de los servicios públicos de combustibles líquidos. Se señala que dentro de las funciones delegadas a la CREG por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía está la elaboración de metodologías para la remuneración de actividades, la determinación del régimen de precios, el cálculo de valores de referencia para componentes de precios, y la publicación de estimaciones de precios de referencia de venta al público en la cadena de distribución de combustibles líquidos. Sin embargo, la Comisión aclaró que la inspección y vigilancia en estaciones de servicio, incluyendo el control de precios, no forma parte de sus competencias. Esta responsabilidad corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), conforme al artículo 4, numeral 5, que le asigna la función de controlar y vigilar las actividades de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en estaciones de servicio automotrices y fluviales en el país. Por esta razón, la CREG informó que trasladará la solicitud a la Superintendencia Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, así como al Ministerio de Minas y Energía, para que cada entidad actúe dentro de su ámbito de competencia. La respuesta se emite con base en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reemplazado por la Ley 1755 de 2015, que regula las respuestas a peticiones ciudadanas. Este pronunciamiento clarifica la distribución de funciones en materia de regulación y control de precios en el sector de combustibles líquidos, para garantizar que las acciones de vigilancia y control sean ejercidas por las autoridades competentes y se protejan los derechos de los consumidores en Aguazul y demás regiones del país.