Contexto y solicitud

En respuesta a una consulta de una empresa de energía sobre la posibilidad de excluir las desconexiones cortas realizadas para la toma de muestras de aceites en transformadores, la CREG explicó el marco normativo aplicable. Dichas desconexiones buscan determinar concentraciones de PCBs para cumplir con las metas ambientales establecidas en resoluciones previas. La consulta surgió ante la derogación de la Resolución 097 de 2008 y la falta de claridad en la Resolución 015 de 2018 sobre la exclusión de estos eventos.

Respuesta de la CREG y marco normativo vigente

La Comisión indicó que los eventos en activos del Sistema de Distribución Local (SDL) que se realicen para cumplir exigencias ambientales de autoridades competentes pueden excluirse del cálculo de indicadores de calidad del servicio, de acuerdo con el literal m del numeral 5.2.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. Este literal establece que eventos originados por exigencias de entidades distritales, municipales o departamentales, así como otras autoridades relacionadas con infraestructura y medio ambiente, pueden ser excluidos siempre que se mantenga constancia de dichas exigencias, su programación y ejecución real.

Implicaciones para las empresas de energía

Esta exclusión permite que las desconexiones necesarias para cumplir con regulaciones ambientales no afecten negativamente los indicadores de calidad del servicio, lo cual es especialmente relevante para las empresas que deben realizar monitoreos y adecuaciones en sus redes eléctricas. Para aplicar esta exclusión, las empresas deben documentar adecuadamente las exigencias y los procedimientos realizados.

Conclusión

La comunicación de la CREG ofrece claridad sobre la aplicación de la normativa vigente en materia de exclusiones para indicadores de calidad del servicio relacionados con la toma de muestras de PCBs, facilitando el cumplimiento ambiental sin penalizar la gestión del servicio eléctrico. Esta orientación es de utilidad para las empresas del sector y contribuye a la transparencia y seguridad jurídica en la regulación del sector eléctrico, promoviendo un equilibrio entre el cumplimiento ambiental y la calidad del servicio brindado a los usuarios.