Contexto y propósito del proyecto
El proyecto de decreto, anunciado por la Presidencia de la República de Colombia en 2025, buscaría adicionar el Título X a la Parte X del Libro X del Decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector Presidencia de la República. Esta iniciativa se fundamentaría en el desarrollo de la Ley 2294 de 2023 y en lo previsto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El propósito principal sería adoptar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos como un instrumento de guía para la planeación y coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos.
Modificaciones y medidas propuestas
El proyecto incorporaría un capítulo específico al Decreto 1081 de 2015, estableciendo disposiciones generales, enfoques, modelo de intervención, componentes estratégicos, mecanismos de implementación y gobernanza, así como un mecanismo de seguimiento y evaluación. Entre las principales medidas se incluirían:
- La adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos como eje articulador de la acción gubernamental, con obligatoriedad para las entidades nacionales de la Rama Ejecutiva.
- El establecimiento de enfoques transversales en la implementación del plan, tales como ciclo de vida, género, orientación sexual e identidades de género diversas, étnico, discapacidad e interseccionalidad.
- La definición de seis componentes estratégicos, que abarcarían temas como pobreza, tierra y territorio, respeto a la vida y participación democrática, culturas y tecnologías, construcción de paz y fortalecimiento de la justicia.
- La formalización de instancias de coordinación política y técnica para el seguimiento y evaluación del plan, incluyendo la participación activa de la sociedad civil, organismos internacionales y expertos en derechos humanos.
- La implementación de una estrategia de comunicación y apropiación para fortalecer capacidades institucionales, territoriales y sociales, así como promover la transparencia y participación ciudadana.
- La inclusión de un capítulo étnico formulado y concertado con los pueblos indígenas, gitanos, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros.
Participación y gobernanza
El proyecto establecería una estructura de gobernanza que incluiría la conformación de una Instancia Nacional de Coordinación como espacio político de alto nivel para la concertación y seguimiento del plan. Además, se formalizaría un Comité Técnico Operativo encargado de la elaboración de propuestas técnicas y seguimiento de metas, sirviendo también como enlace con la sociedad civil.
Se garantizaría la participación activa y efectiva de organizaciones sociales y plataformas de defensoras y defensores de derechos humanos en todas las etapas del plan, desde el diagnóstico hasta la evaluación. Asimismo, se contemplaría la invitación a expertos y representantes de organismos internacionales, particularmente del Sistema de Naciones Unidas, para aportar recomendaciones técnicas.
Implementación y seguimiento
El proyecto plantearía que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario lideraría la coordinación y ejecución del plan. Se establecerían instrumentos como matrices de indicadores, metas y cronogramas, que serían concertados en la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
También se incluiría un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación que integraría la acción entre el nivel nacional y territorial, asegurando la producción de información de calidad y la participación ciudadana. Este mecanismo estaría compuesto por ejes técnico y tecnológico para facilitar la gestión y análisis de datos.
Acceso y participación ciudadana
El proyecto habría sido publicado para consulta ciudadana en un periodo determinado, permitiendo la presentación de observaciones, sugerencias o propuestas alternativas. Asimismo, se dispondría de un informe de respuestas a dichas observaciones, promoviendo la transparencia y participación en la construcción del plan.
En resumen, esta iniciativa buscaría fortalecer el sistema nacional de derechos humanos mediante un plan articulado, participativo y con enfoque diferencial, orientado a garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos en Colombia durante la próxima década. Con la adopción de este plan, se espera fomentar un ambiente de respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, contribuyendo a la consolidación de una paz estable y duradera en el país.
