Entidad emisora, número y fecha
La Resolución Reglamentaria Ejecutiva N° REG-EJE-0152 fue emitida por la Contraloría General de la República el 18 de febrero de 2026. Su publicación oficial garantiza la entrada en vigencia inmediata del procedimiento adoptado para la gestión de alertas tempranas.
Tema principal y destinatarios
El objetivo central de esta resolución es establecer un procedimiento claro y ordenado para la gestión de alertas tempranas generadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), unidad especializada dentro de la Contraloría General. Estas alertas se refieren a señales anticipadas de prácticas o situaciones que pueden representar riesgos para el patrimonio público. El procedimiento está dirigido principalmente a las dependencias internas de la Contraloría involucradas en la vigilancia y control fiscal, así como a los órganos responsables de reaccionar frente a dichas alertas.
Finalidad y decisiones principales
Esta norma busca fortalecer el control fiscal mediante el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, la analítica y minería de datos, que facilitan la detección anticipada de posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos. Para ello, se adopta un procedimiento institucional que:
- Define las etapas y responsabilidades en la generación, validación, seguimiento y socialización de alertas tempranas.
- Establece un Comité de Socialización de Alertas Tempranas como instancia permanente para la revisión, validación técnica, seguimiento y evaluación de las alertas producidas por la DIARI.
- Determina la composición del Comité, integrado por el director de DIARI, jefes de unidades de la misma dirección, contralores delegados competentes según el tema, analistas responsables y otros expertos técnicos necesarios.
- Regula la convocatoria y participación obligatoria de los integrantes del Comité, favoreciendo la asistencia presencial y permitiendo la virtual en casos justificados.
Base legal y antecedentes normativos
La resolución se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre las que destacan:
- Artículos 267, 268 y 119 de la Constitución Política, que atribuyen a la Contraloría la vigilancia y control fiscal del Estado.
- Decreto Ley 267 de 2000, que regula las funciones, organización y sistemas de vigilancia fiscal.
- Decreto Ley 2037 de 2019, que creó la DIARI y definió sus funciones y competencias en el manejo de información para control fiscal.
- Decreto Ley 403 de 2020, que regula el uso de tecnologías para la vigilancia fiscal, el tratamiento de datos y el control concomitante y preventivo.
- Plan Estratégico Institucional 2022-2026, que establece la transformación digital y la innovación como ejes para fortalecer la vigilancia fiscal.
Modificaciones y articulación institucional
La resolución no revoca normas previas, sino que desarrolla y operacionaliza las funciones de la DIARI y de la Contraloría en materia de vigilancia fiscal mediante alertas tempranas, en concordancia con las reformas normativas recientes. Además, establece mecanismos de articulación interna que aseguran la trazabilidad, coherencia y oportunidad en la gestión de alertas, fomentando la colaboración entre unidades y delegados especializados.
Plazos y vigencia
La Resolución entró en vigencia a partir de su publicación, con reuniones ordinarias del Comité de Socialización de Alertas Tempranas convocadas mensualmente y sesiones extraordinarias cuando la naturaleza o impacto de las alertas lo requiera.
Impacto potencial
Con la adopción de este procedimiento, la Contraloría General fortalece su capacidad para detectar y actuar oportunamente frente a riesgos que puedan afectar el patrimonio público. La incorporación de tecnologías avanzadas y la estructuración clara de responsabilidades promueven mayor transparencia, eficiencia y efectividad en la vigilancia fiscal, contribuyendo a la protección de los recursos del Estado y al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y desarrollo sostenible.
En conclusión, esta iniciativa representa un avance significativo en la modernización de los mecanismos de control fiscal, reafirmando el compromiso de la Contraloría General con la integridad y buen manejo de los recursos públicos, y estableciendo un modelo replicable para otras entidades del Estado en materia de gestión preventiva y análisis proactivo de riesgos.
