Contexto y competencia del tribunal

El auto fue emitido por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 12 de febrero de 2026. La providencia resuelve la manifestación de impedimento presentada por un magistrado que inicialmente debía conocer una acción de tutela interpuesta contra una sentencia relacionada con la liquidación de una prima especial de servicios.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, quien se desempeñó en un cargo judicial dentro de la Procuraduría General de la Nación, promovió una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, remuneración justa e igualdad. La controversia se originó tras la sentencia emitida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que decidió acoger un acuerdo conciliatorio celebrado con la Procuraduría General, excluyendo la liquidación de la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Previo a esta decisión, la accionante había instado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se reliquidara su asignación y prestaciones sociales, incluyendo la prima especial de servicios, conforme a precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado. La Sala de Conjueces dispuso estar a lo acordado en la conciliación, lo cual fue impugnado mediante la acción de tutela que ahora se tramita.

Consideraciones jurídicas sobre el impedimento

El magistrado manifestó impedimento basándose en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que establece la obligación de apartarse cuando exista un interés directo en el asunto. La razón principal radica en que la controversia implica el estudio del régimen salarial y prestacional de los magistrados del Consejo de Estado, incluyendo la prima especial de servicios de la cual él es beneficiario. La Sala recordó que los impedimentos y recusaciones son mecanismos para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia judiciales, pilares fundamentales del debido proceso. La manifestación de impedimento debe sostenerse en causales taxativas y no puede ser arbitraria ni caprichosa, debiendo demostrar que el interés afecta de manera razonable la objetividad del juez. En este caso, la existencia de un interés real, serio y directo del magistrado en el resultado del proceso compromete su imparcialidad, razón por la cual se declara fundado el impedimento para garantizar la transparencia en la administración de justicia y proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia de la accionante.

Decisión y efectos procesales

El auto declara fundado el impedimento y ordena la separación del magistrado del conocimiento del trámite constitucional. Asimismo, instruye a la Secretaría General del Consejo de Estado que, una vez ejecutoriada esta providencia, remita el expediente al despacho de la magistrada ponente para la continuación del proceso y la adopción de la decisión correspondiente. Esta providencia reafirma la importancia del régimen de impedimentos para preservar la imparcialidad judicial y asegurar que los procesos se resuelvan sin conflictos de interés, especialmente en materias relacionadas con derechos laborales y remuneración de servidores públicos. Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la transparencia y la justicia imparcial, garantizando que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos en todos los niveles del sistema judicial.