Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 26 de febrero de 2026, la Sección Tercera - Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un auto dentro del trámite de controversias contractuales radicado bajo el número 25000-23-36-000-2018-00082-00, en primera instancia. En este auto, el despacho judicial requirió por última vez a la parte demandante para que designe un apoderado judicial, a fin de garantizar la continuidad procesal, específicamente para la realización de la audiencia de conciliación pendiente.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene origen en una demanda presentada el 28 de enero de 2018 por una sociedad contra una empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con el objetivo de que se declare la liquidación judicial de un contrato de consultoría suscrito en 2015 y se reconozca una suma pendiente de pago en dólares estadounidenses. En noviembre de 2020, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones, ordenando liquidar judicialmente el contrato y reconociendo un saldo a favor de la parte demandante por aproximadamente 380 mil dólares. Posteriormente, la parte demandada interpuso recurso de apelación en agosto de 2021, remitiéndose el expediente al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en providencia de octubre de 2022, devolvió el expediente al Tribunal para que se realizara previamente una audiencia de conciliación, requisito indispensable antes de admitir el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. Para cumplir con esta orden, el Tribunal fijó inicialmente la audiencia para junio de 2024, pero esta fue aplazada en diversas ocasiones por la parte demandante debido a la falta de asistencia legal, lo que motivó la orden de requerir la designación de apoderado judicial.

Consideraciones del Tribunal y motivos de la decisión

El auto enfatiza la importancia del cumplimiento con el régimen de deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, tal como lo establece el artículo 78 del Código General del Proceso. Este precepto legal obliga a las partes a actuar con lealtad, buena fe, y a evitar obstaculizar el trámite procesal, incluyendo la obligación de designar apoderado para la representación legal. Ante la reiterada ausencia de apoderado por parte de la demandante, el Tribunal dispuso requerirlo por última vez, concediendo un término máximo de quince días para su designación. De no cumplirse este requerimiento, el despacho advirtió que se aplicarán las consecuencias legales correspondientes, que pueden incluir la imposibilidad de continuar con el trámite o incluso la terminación del proceso. El auto también ordena notificar esta providencia a las partes involucradas, utilizando los medios electrónicos previamente registrados, garantizando así la adecuada comunicación procesal.

Importancia para el proceso y la administración de justicia

Esta providencia pone en relieve la necesidad de que las partes en un proceso judicial cumplan con sus obligaciones procesales para asegurar la efectividad y celeridad del trámite. En particular, la designación de apoderado judicial es fundamental para que se puedan llevar a cabo actos procesales esenciales, como la audiencia de conciliación, etapa clave para la resolución de controversias contractuales en la jurisdicción administrativa. Además, la decisión refleja el control judicial para evitar dilaciones indebidas que puedan afectar el derecho de defensa y el debido proceso, garantizando que el proceso avance conforme a los principios de economía y eficacia procesal. En suma, el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una manifestación de la rigurosidad con la que se debe conducir un proceso judicial, asegurando que todas las partes actúen con responsabilidad y cumplan con los deberes que les impone la ley procesal vigente. Con este requerimiento final, el Tribunal busca consolidar el respeto por la legalidad y la eficiencia en la administración de justicia, promoviendo un trámite ordenado y justo para todas las partes involucradas.