Contexto y tribunal competente

La reciente providencia fue emitida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por una empresa del sector privado de seguridad contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La providencia se expidió el 24 de febrero de 2026 y tiene como objetivo principal dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso inició con una demanda presentada en 2013 contra resoluciones administrativas expedidas en 2011 y 2012 por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad solicitada y condenó en costas a la parte demandante. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, que fue concedido para su estudio por el Consejo de Estado. En diciembre de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, pero sin condena en costas en esa instancia, ordenando devolver el expediente al Tribunal de origen para continuar con el trámite respectivo.

Fundamentos y contenido de la providencia

La providencia en análisis cumple con el ordinal segundo de la sentencia inicial, que mandaba fijar las agencias en derecho correspondientes. En aplicación de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el Tribunal estableció el monto de las agencias en derecho a partir de las tarifas contempladas en el Acuerdo No. 1887 de 2003. El monto fijado asciende a catorce millones de pesos colombianos (COP $14.000.000), equivalentes al 0,1 % del valor de la pretensión mayor, suma que debe ser asumida por la parte demandante. Además, se ordenó la liquidación de las costas procesales incluyendo este valor, para garantizar el cumplimiento integral de lo dispuesto en la sentencia de primera instancia.

Resolución y efectos

En definitiva, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

• Obedecer y cumplir la providencia del Consejo de Estado de diciembre de 2025.
• Fijar en catorce millones de pesos las agencias en derecho a cargo del demandante.
• Liquidar las costas procesales conforme al Código General del Proceso, incorporando el valor de las agencias.
• Continuar con el trámite del expediente en el Tribunal de origen tras la ejecutoria de esta providencia.

Esta decisión reafirma la importancia del cumplimiento estricto de las sentencias de segunda instancia y la adecuada liquidación de costos judiciales en los procesos administrativos, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a las decisiones jurisdiccionales. De esta manera, se fortalece el principio de responsabilidad procesal y se promueve un manejo eficiente y justo de los recursos judiciales en Colombia.