Contexto y antecedentes del proceso
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en auto fechado el 27 de febrero de 2026 y radicado bajo el expediente número 250002341000202301363-00, dio continuidad a un proceso judicial iniciado por un particular contra el Ministerio del Trabajo. El asunto se centra en el cumplimiento de una orden judicial que obliga a la entidad demandada a llevar a cabo el concurso público para la selección de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez, conforme al inciso primero del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013.
Este proceso judicial de cumplimiento se origina tras una sentencia de diciembre de 2023 confirmada por el Consejo de Estado en abril de 2024, en la que se ordenó al Ministerio dar cumplimiento a su mandato legal y presentar un informe sobre las gestiones realizadas.
Gestiones y cumplimiento del Ministerio del Trabajo
Según el informe presentado por el Ministerio del Trabajo, se realizaron diversas gestiones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que informó no ser competente para realizar el concurso. En respuesta, el Ministerio destinó recursos en su Plan Anual de Adquisiciones para realizar el concurso de manera directa.
El proceso contractual para la selección de la universidad encargada del concurso se inició con la proyección de la ficha técnica en diciembre de 2024, la cual fue sometida a revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal.
Posteriormente, en marzo de 2025, el Grupo de Gestión Contractual emitió un concepto favorable, permitiendo avanzar a la fase de publicación del evento de cotización en la Plataforma Colombia Compra Eficiente (SECOP).
Requerimientos del Tribunal y cronograma de ejecución
El Tribunal, mediante proveído de abril de 2025, requirió al Ministro del Trabajo informar y acreditar la elaboración de la ficha técnica, y posteriormente solicitó un cronograma detallado con fechas precisas para la convocatoria y el concurso de selección de los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez.
El Ministerio respondió entregando un cronograma que establece el inicio del proceso en octubre de 2025, con la macroactividad de alistamiento, y su culminación en 2026 con la entrega de resultados. Además, se anexó un cronograma contractual que indica el inicio del evento de cotización en septiembre de 2025 y la ejecución del contrato a partir del primero de octubre del mismo año.
Decisión y órdenes del Tribunal
El Tribunal ordenó poner en conocimiento del demandante los informes y cronogramas presentados por el Ministerio del Trabajo para que pueda pronunciarse al respecto. Asimismo, impuso al Ministerio la obligación de presentar informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del cronograma.
Esta providencia, firmada electrónicamente por el magistrado ponente, garantiza la autenticidad e integridad del acto judicial en cumplimiento de lo previsto en el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.
| Fecha |
Hecho relevante |
| 25 de abril de 2024 |
Confirmación del fallo que ordena cumplimiento al Ministerio del Trabajo. |
| 20 de febrero de 2025 |
Presentación de informe de cumplimiento por parte del Ministerio. |
| 2 de mayo de 2025 |
Confirmación de revisión y aprobación técnica de la ficha técnica. |
| 16 de julio y 2 de septiembre de 2025 |
Presentación del cronograma detallado para el concurso. |
| 27 de febrero de 2026 |
Auto ordena informes trimestrales y pone en conocimiento del demandante el avance. |
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley en los procesos administrativos que afectan el derecho de los ciudadanos a una adecuada evaluación de invalidez. Se espera que el Ministerio del Trabajo continúe con el cumplimiento estricto del cronograma establecido, garantizando así la selección idónea y oportuna de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez, lo cual es fundamental para la protección de los derechos de los trabajadores y pensionados en Colombia.