Contexto y competencia judicial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub-sección B, conoció el caso luego de que el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda, declarara su incompetencia para resolver sobre la demanda. La decisión inicial se basó en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997 y 152 numeral 14 y 155 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Por ello, remitió el expediente al Tribunal, que asumió la competencia para su trámite.

Antecedentes fácticos y procesales

Un miembro del Ejército Nacional presentó demanda mediante un apoderado judicial, utilizando el medio de control jurisdiccional de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. La demanda busca que se ordene al Ministerio de Defensa cumplir lo establecido en los artículos 61 y 77 del Decreto 1799 de 2000, a fin de revocar la Resolución 9257 del 23 de diciembre de 2024, que dispuso su retiro del servicio, o declarar la pérdida de la fuerza ejecutoria de dicha resolución. Tras el reparto del caso en el Tribunal, inicialmente se inadmitió la demanda por falta de claridad en las pretensiones. Posteriormente, el demandante subsanó esta omisión, explicitando sus solicitudes, incluso incluyendo el cumplimiento del artículo 1º de la Constitución Política, lo que permitió continuar con el proceso.

Consideraciones de la providencia

El Tribunal destacó la necesidad de que la demanda cumpla con los requisitos formales para ser admitida. Reconoció que, tras la subsanación, la demanda reúne las condiciones para su trámite en primera instancia. En consecuencia, se ordenó la admisión formal del proceso contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Se dispuso notificar al Ministro de Defensa Nacional y al representante legal del Ejército Nacional, o sus equivalentes, conforme a lo establecido en la Ley 393 de 1997 y la Ley 2213 de 2022. Además, se les advirtió que tienen un plazo de tres días hábiles para participar en el proceso y aportar pruebas pertinentes. Finalmente, la providencia establece que la decisión sobre el fondo del asunto deberá emitirse en un término máximo de veinte días, garantizando así la celeridad procesal.

Marco normativo relevante

• Decreto 1799 de 2000: Artículos 61 y 77, relacionados con la normatividad sobre retiro del servicio militar.
• Ley 393 de 1997: Procedimiento para el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA): Artículos 152 numeral 14, 155 numeral 10, y 186, que regulan la competencia judicial y la firma electrónica de providencias.
• Ley 2213 de 2022: Procedimientos complementarios para la notificación y trámite en asuntos administrativos.

La providencia, firmada electrónicamente por el magistrado ponente, garantiza la autenticidad e integridad del proceso judicial, conforme al artículo 186 del CPACA. Esta decisión representa un paso procesal fundamental para que el demandante pueda obtener una revisión judicial del acto administrativo que motivó su retiro, reafirmando el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva en materia administrativa. De esta manera, se fortalece el control jurisdiccional sobre las actuaciones administrativas en el ámbito militar, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de los miembros activos de las Fuerzas Armadas.