Contexto y naturaleza de la decisión

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, mediante el Auto 198 de 2026, resolvió la manifestación de impedimento presentada por el Procurador General de la Nación en el proceso de control de constitucionalidad sobre la Ley 2529 de 2025, que aprueba el “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, adoptado en Roma en 2009. La providencia fue proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, instancia competente para resolver impedimentos de sus magistrados y del Procurador General en casos relativos a su función de rendir concepto en procesos constitucionales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial se originó en el control oficioso e integral que realiza la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Acuerdo internacional y la ley que lo aprueba. Durante el trámite legislativo, el Procurador General de la Nación, quien en ese entonces ejercía el cargo de Secretario General del Senado, participó en actividades formales del procedimiento legislativo, tales como la radicación, remisión y publicación del proyecto de ley que dio origen a la Ley 2529 de 2025. En enero de 2026, el Procurador General manifestó su impedimento para emitir concepto en el proceso, argumentando que su intervención fue activa y determinante en la expedición de la norma objeto de control.

Consideraciones jurídicas y fundamento del impedimento

La Corte Constitucional recordó que el régimen de impedimentos para procesos de control de constitucionalidad está regulado de manera taxativa y excepcional en el Decreto 2067 de 1991, cuyos artículos...