Contexto y naturaleza del conflicto

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones y conforme a su Reglamento Interno, emitió un auto el 25 de febrero de 2026 para resolver un conflicto negativo de competencia surgido entre dos autoridades judiciales: la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Este conflicto impedía la continuación del trámite de una acción de tutela presentada contra autoridades militares y judiciales por presunta vulneración de derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta por un ciudadano residente en Bogotá, quien denunció violaciones a sus derechos al debido proceso, defensa, presunción de inocencia, acceso a la información, trabajo, honra, buen nombre y derecho de petición. Estas supuestas vulneraciones derivaban de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales relacionadas con descuentos sobre su asignación de retiro y omisión en la valoración de pruebas. Inicialmente, la acción fue asignada a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que mediante auto del 15 de diciembre de 2025 decidió no admitir la tutela y remitió el expediente para reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, argumentando la aplicación de las reglas administrativas de reparto y la competencia territorial basada en la vinculación del juzgado penal militar local. En respuesta, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga planteó conflicto negativo de competencia, sosteniendo que la competencia debía determinarse conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,...