Contexto y origen del conflicto jurisdiccional

El conflicto de competencia entre jurisdicciones fue suscitado por un proceso ejecutivo hipotecario iniciado por una empresa industrial y comercial del Estado municipal dedicada a fomentar proyectos agropecuarios y microempresariales en Aguazul, Casanare. La demanda fue presentada contra un particular por incumplimiento en el pago de un crédito garantizado con una hipoteca de primer grado sobre un bien inmueble ubicado en dicho municipio. El juzgado promiscuo municipal inicialmente declaró su falta de competencia para conocer del caso, argumentando que la entidad demandante, al ser una empresa pública con funciones administrativas y financieras, se encontraba sujeta al derecho administrativo y, por tanto, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, el juzgado administrativo de Yopal también rechazó su competencia, señalando que los procesos ejecutivos hipotecarios se rigen por la naturaleza real de la garantía y, en consecuencia, deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria según la cláusula residual del artículo 15 del Código General del Proceso (CGP). Ante esta discrepancia, ambos juzgados elevaron el asunto a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto negativo de competencia.

Fundamentos jurídicos y jurisprudencia aplicable

La Corte Constitucional, en ejercicio de su atribución constitucional consagrada en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, analizó los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones, que incluyen la concurrencia de autoridades de distinta jurisdicción, la existencia de una causa judicial y la fundamentación normativa para reclamar competencia. En línea con su jurisprudencia previa, especialmente el...