Contexto y competencia de la Sala Plena

La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las establecidas en el Decreto 2067 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015, que regulan el trámite de nulidad en procesos de tutela. La providencia resuelve una solicitud de nulidad interpuesta contra las pruebas recolectadas en inspecciones judiciales realizadas en marzo de 2025 en los municipios de Maicao y Riohacha, en el contexto de dos acciones de tutela acumuladas relacionadas con órdenes de desalojo y protección de predios.

Antecedentes fácticos y procesales

Las acciones de tutela fueron presentadas inicialmente por grupos de personas asentadas en predios ubicados detrás del matadero municipal de Maicao, en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios públicos y con alta vulnerabilidad social. Estas comunidades están integradas por población indígena Wayuu, desplazados forzados, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes, en particular venezolanos afectados por movilidad humana transfronteriza. Los demandantes solicitaron la suspensión de las órdenes de desalojo emitidas por autoridades locales, argumentando falta de censo, ausencia de procesos de caracterización y participación, y violación de derechos fundamentales como vivienda digna, salud y debido proceso. En paralelo, propietarios de los predios promovieron querellas policivas por perturbación de la posesión, con órdenes de restitución emitidas desde septiembre de 2021. Sin embargo, denunciaron retrasos en la ejecución de dichas órdenes por parte de las autoridades municipales y policiales, lo que motivó nuevas acciones de tutela para exigir la materialización del lanzamiento de los ocupantes. Los juzgados de primera y segunda instancia emitieron fallos contradictorios:...