Providencia y tribunal que la profiere

La decisión corresponde a un auto proferido por la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. La providencia se emitió en el marco de la solicitud presentada contra la Sentencia T-030 de 2025.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de una acción de tutela interpuesta por una persona mayor, con discapacidad, víctima de desplazamiento forzado y habitante de calle desde la infancia, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana. Esta situación se presentó debido a la negativa de la autoridad administrativa para aplicarle la encuesta del Sisbén, necesaria para acceder a programas sociales. La Corte Constitucional reconoció la procedencia de la tutela y ordenó, entre otras medidas, que diversas entidades del Estado coordinasen mecanismos para focalizar a la población habitante de calle como beneficiaria de programas sociales, así como la expedición y puesta en marcha del Plan Nacional de Atención Integral para esta población. Además, se ordenó la atención en salud del accionante y se establecieron mecanismos de vigilancia y acompañamiento por parte de entidades de control y defensoría de los derechos fundamentales. Posteriormente, el beneficiario presentó un escrito solicitando la corrección del nombre en la sentencia, la ampliación de órdenes para que el Congreso legisle en favor de los habitantes de calle víctimas de desplazamiento forzado, la inclusión en el Sisbén, el cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas y el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte recordó que sus decisiones tienen carácter de cosa juzgada y no son reformables, salvo excepciones para aclaración, corrección o adición, que deben cumplir requisitos estrictos: legitimación, oportunidad y carga argumentativa. En este caso, aunque se cumplían los requisitos de legitimación (solicitud presentada por el beneficiario) y oportunidad (presentada dentro del término legal tras notificación), no se acreditó la carga argumentativa necesaria. Las solicitudes no constituyeron verdaderos motivos de duda sobre la sentencia ni asuntos omitidos relevantes para el litigio. Sobre la corrección del nombre, la Corte explicó que la confusión se debió a la notificación de una versión anonimizada de la sentencia para proteger la intimidad, práctica habitual para casos que incluyen datos sensibles. La entrega posterior de la versión con nombres reales aclaró esta situación. Respecto a la petición de ampliar las órdenes para que el Congreso legisle, se señaló que no existió argumento que justificara la incorporación de mandatos no objeto de pronunciamiento en la sentencia original. La demanda de inclusión en el Sisbén fue ya abordada en la sentencia. En cuanto al seguimiento del cumplimiento, la Corte indicó que no se configuraban causales para que asumiera el trámite, dado que el juzgado de primera instancia ha actuado diligentemente y no se evidenció incumplimiento manifiesto o desobediencia persistente. Por ello, remitió la solicitud al juzgado competente para el trámite correspondiente. Finalmente, sobre la solicitud de indemnización por daños y perjuicios, la Corte recordó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ello, salvo casos excepcionales donde no existan otros medios judiciales y se cumplan requisitos estrictos, lo que no ocurrió en este caso.

Decisión

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional resolvió:

• Rechazar por improcedente la solicitud de cumplimiento, aclaración y adición a la Sentencia T-030 de 2025.
• Ordenar remitir la solicitud al juzgado civil municipal de ejecución de sentencias correspondiente para que adelante las actuaciones pertinentes.
• Comunicar al solicitante que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la protección efectiva de los derechos fundamentales, a la vez que delimita claramente el alcance y los procedimientos adecuados para el cumplimiento de sus sentencias, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto por los procesos establecidos.