Contexto y competencia del tribunal

El Auto 324 de 2026 fue emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional, instancia encargada de verificar el cumplimiento de las órdenes estructurales dictadas en dicha sentencia y de sus providencias de seguimiento relacionadas. Esta Sala tiene competencia para garantizar la efectiva implementación de las medidas que aseguren la protección de los derechos fundamentales de la población firmante del Acuerdo Final de Paz y sus familias, en particular en el componente de garantías de seguridad.

Antecedentes fácticos y procesales

En la Sentencia SU-020 de 2022, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional debido a la insuficiente implementación de las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, lo que generó violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la seguridad. Para superar esta situación, se dictaron órdenes estructurales y se estableció un sistema de seguimiento organizado en subcomponentes (protección, prevención y reacción, reincorporación integral, política criminal y seguimiento) y ejes transversales (ajustes institucionales, priorización y enfoques diferenciales). Posteriormente, la Sala emitió el Auto 826 de 2024 para clarificar responsabilidades y orientar el seguimiento, y el Auto 1417 de 2025, donde se constató un bajo cumplimiento de varias órdenes relacionadas con el subcomponente de seguimiento. En ese auto se identificaron bloqueos institucionales significativos, como la falta de capacidad institucional, parálisis en el monitoreo y ausencia de indicadores adecuados, y se ordenaron medidas para superarlos. Durante el proceso de seguimiento, se recibieron informes parciales de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), de distintas entidades responsables de indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) y de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). Sin embargo, persistieron deficiencias en la periodicidad y alcance de las sesiones, problemas en la financiación del componente Comunes (representante de la población firmante), y falta de actualización y presentación completa de fichas técnicas e indicadores en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO).

Consideraciones y órdenes principales del Auto 324 de 2026

Con base en la revisión de los informes recibidos y en la necesidad de superar los bloqueos institucionales, la Sala Especial ordena:

• Al Gobierno Nacional, en coordinación con los demás componentes de la CSIVI: Presentar en un plazo de 20 días hábiles un informe conjunto que incluya un cronograma detallado de sesiones para 2026 (tipo, temáticas, entidades convocadas, confirmación de asistencia), cronograma de sesiones territoriales con metodología y estrategia de participación ciudadana, plan estratégico de priorización temática con plazos y avances, y medidas concretas para garantizar la financiación continua del componente Comunes tras la vigencia del contrato actual.
• A las autoridades responsables de los indicadores del PMI: Entregar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) las fichas técnicas faltantes y actualizar oportunamente la información en el SIIPO.
• Al Departamento Nacional de Planeación (DNP): Informar sobre el estado de actualización de los indicadores del PMI y las acciones adoptadas para garantizar que el SIIPO cuente con información pública, completa y actualizada.
• A la Instancia de Alto Nivel del SISEP y sus miembros: Presentar un informe conjunto sobre el estado del decreto reglamentario de la Comisión de Seguimiento y Evaluación al Desempeño, las gestiones para implementar el sistema de información, planeación, monitoreo y seguimiento del SISEP, así como la metodología y resultados del seguimiento realizado.
• A la Fiscalía General de la Nación: Informar acerca del plan de trabajo, plazos y ajustes relacionados con la modificación de la resolución que regula el Comité de Impulso a las Investigaciones, y remitir la resolución modificada una vez emitida.

Además, se dispone la notificación de esta providencia a órganos de control, instancias judiciales y organismos internacionales vinculados al seguimiento del Acuerdo Final de Paz.

Importancia del seguimiento y transparencia en la implementación

El Auto 324 de 2026 refleja el compromiso de la Corte Constitucional para garantizar la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo de Paz. La providencia enfatiza la necesidad de un sistema de monitoreo articulado, funcional y transparente, con indicadores claros y una financiación estable, elementos esenciales para proteger derechos fundamentales y avanzar en la reincorporación efectiva a la vida civil. Esta decisión reafirma el papel de la CSIVI y la Instancia de Alto Nivel como espacios esenciales de interlocución y coordinación entre el Gobierno y la población firmante, resaltando la importancia de la periodicidad, claridad y participación en sus sesiones, así como la disponibilidad de información pública y actualizada para la sociedad en general. En conclusión, el Auto 324 de 2026 fortalece el compromiso institucional para garantizar condiciones de seguridad adecuadas que permitan la consolidación de la paz y la reincorporación plena de quienes suscribieron el Acuerdo Final, aportando herramientas concretas para mejorar la coordinación, el seguimiento y la transparencia en este proceso fundamental para el país.