Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito declarar áreas específicas en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las cuales funcionarán como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2. El objetivo principal es proteger y garantizar la estabilidad y sostenibilidad del suelo rural apto para la producción agroalimentaria, en línea con el derecho humano a la alimentación adecuada consagrado en la Constitución Política y la legislación vigente. Esto busca fortalecer la seguridad alimentaria regional y nacional, apoyando especialmente a la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto establece la declaratoria de una extensión aproximada de 84.662 hectáreas distribuidas en ambos municipios, con criterios técnicos basados en estudios realizados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Dichos criterios incluyen la zonificación, parámetros y lineamientos para el uso del suelo, orientados a mantener las características naturales necesarias para las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. Además, se incorpora la obligación de que esta declaratoria sea considerada como una determinante de ordenamiento territorial obligatoria para entidades públicas y privadas.
Se prevé que los municipios involucrados reglamenten el uso del suelo conforme a sus competencias, respetando la autonomía local, pero dentro de los lineamientos técnicos establecidos para la protección y restauración del suelo productivo. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la UPRA, evaluará el impacto de estas áreas cada cinco años, o cuando se requiera, para garantizar su efectividad y actualización.
Acciones y regulaciones específicas
El proyecto establece que los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, en ejercicio de su autonomía constitucional y legal, deberán reglamentar los usos del suelo en concordancia con los objetivos de protección y restauración indicados en el documento técnico de soporte. También se asigna a las autoridades municipales la función de verificar el cumplimiento de las disposiciones en sus jurisdicciones, incluyendo el control urbano y la expedición de licencias urbanísticas.
Además, se garantiza el respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas dentro de las áreas declaradas como APPA, conforme al marco legal vigente. El proyecto contempla la elaboración de un Plan de Acción para la Producción de Alimentos, que será desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo técnico de la UPRA, orientado a atender las prioridades y necesidades de los municipios.
Impacto esperado y alcance potencial
La declaratoria de las APPA tiene un impacto significativo en la protección del suelo rural con aptitud agropecuaria, asegurando la disponibilidad y estabilidad en la producción de alimentos. Se espera que esta medida favorezca la seguridad alimentaria regional y nacional, apoyando especialmente a los pequeños productores rurales vinculados a la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria.
Además, esta resolución contribuye al cumplimiento de mandatos constitucionales y compromisos internacionales relacionados con el derecho a la alimentación, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. La medida busca un equilibrio entre la protección del suelo productivo y la autonomía territorial, orientando las competencias locales hacia fines superiores del Estado.
Participación de actores clave
El proceso de formulación del proyecto contó con la participación activa de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), autoridades territoriales, entidades públicas competentes, la Corporación Autónoma Regional de Santander, la Gobernación de Santander, y comunidades rurales, organizaciones sociales y productivas del territorio. Se realizaron múltiples espacios de diálogo, coordinación y socialización para fortalecer los insumos técnicos y garantizar la inclusión de las voces locales.
La implementación de la resolución involucrará a los municipios afectados, la Gobernación de Santander y agentes públicos y privados que desarrollen proyectos con impacto físico espacial en la zona. La articulación entre estas entidades será fundamental para asegurar el cumplimiento y la efectividad de las medidas contempladas.
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Este proyecto de resolución representa un paso relevante en la articulación de políticas públicas para la protección del suelo rural y la garantía del derecho humano a la alimentación en Colombia, mediante un enfoque técnico, participativo y respetuoso de la autonomía territorial. Su adopción y ejecución contribuirán a fortalecer la seguridad alimentaria, preservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible en la región de Santander y el país en general.Para continuar leyendo esta noticia y acceder a todas las funciones premium, adquiere uno de nuestros planes.
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