La nueva ley estatutaria tiene como objetivo principal organizar la jurisdicción agraria y rural, en armonía con la legislación vigente y los mandatos constitucionales recientes. La norma establece una estructura integrada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado en sus competencias, así como por los Tribunales Agrarios y Rurales y los Juzgados Agrarios y Rurales.

Organización y competencias

Se crea un capítulo específico para esta jurisdicción dentro de la ley 270 de 1996, detallando las funciones y composición de cada órgano. Los tribunales agrarios contarán con un número mínimo de tres magistrados y podrán funcionar en salas plenas o especializadas. Los juzgados agrarios serán la célula básica de administración judicial, con equipos técnicos e interdisciplinarios que incorporarán enfoques diferenciales étnicos, culturales y de género.

Distribución territorial y criterios de asignación

La creación y distribución de juzgados y tribunales se hará conforme a criterios como la densidad demográfica rural, presencia de población campesina y étnica, zonas PDET, concentración de la propiedad rural y demanda de justicia. Además, se promoverá la instalación de despachos judiciales en zonas de difícil acceso, buscando garantizar la proximidad y celeridad en la administración de justicia.

Selección y capacitación del personal judicial

El Consejo Superior de la Judicatura será responsable de proveer los cargos mediante concursos de méritos, con énfasis en conocimientos de derecho agrario, ambiental, administrativo y público. Para garantizar la idoneidad, los jueces y magistrados deberán cumplir con un plan de formación diseñado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que incluirá aspectos específicos del derecho agrario y rural.

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