La suspensión provisional del Decreto Legislativo 1474 de 2025, ordenada por la Corte Constitucional, ha generado un cambio importante en la tarifa del impuesto sobre las ventas (IVA) que se aplica a productos como licores, vinos, aperitivos y similares.

Tarifa aplicable y vigencia

Antes de la suspensión, el Decreto 1474 de 2025 establecía que durante el año 2026 la tarifa de IVA para estos bienes sería del 19%, lo que representaba un aumento temporal y excepcional frente al 5% que estipula el numeral 2 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Sin embargo, con la suspensión del decreto, esta medida temporal perdió vigencia desde el 29 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se restablece la tarifa del 5% para los productos mencionados.

Impacto para consumidores y comerciantes

Este cambio afecta tanto a consumidores como a comerciantes del sector de bebidas alcohólicas y similares, quienes deberán aplicar la tarifa reducida del 5% en sus operaciones de venta. Además, en caso de que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de enero de 2026 se haya pagado un IVA del 19%, las diferencias pagadas en exceso podrían solicitarse en devolución o compensación, siempre que dichas adquisiciones puedan contabilizarse como costo o gasto y se destinen a operaciones gravadas o exentas con derecho a descuento, conforme a la normativa tributaria vigente.

Consideraciones adicionales

La entidad encargada de la interpretación y aplicación de las normas tributarias ha señalado que no emitirá pronunciamientos de fondo sobre el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mientras permanezca suspendido. Además, queda pendiente la decisión definitiva de la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad del decreto y sus efectos. Para consultas y mayor información, se puede acceder al normograma oficial de la entidad tributaria. Este pronunciamiento contribuye a aclarar la incertidumbre tributaria generada por la suspensión y reafirma la vigencia del régimen tributario tradicional para estos productos, brindando así un marco de seguridad jurídica a los actores del sector y a los consumidores en general.