Propósito y objetivo del proyecto de resolución

El proyecto de resolución de la ADRES tiene como propósito general modificar el parágrafo 4 del artículo 16 de la Resolución 61290 de 2024, previamente alterado por la Resolución 160880 de 2025. Esta modificación busca ajustar el mecanismo de financiación para ciertas pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico del SARS CoV-2, en línea con las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2025. El objetivo principal es aclarar y precisar qué pruebas serán financiadas mediante la UPC, con el fin de garantizar la correcta asignación de recursos en el sistema general de seguridad social en salud.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece que las pruebas diagnósticas correspondientes a los códigos CUPS 90.6.2.70 (Anticuerpos Ig G), 90.6.2.71 (Anticuerpos Ig M), 90.6.3.40 (Antígeno) y el código 90.8.8.56 (Identificación específica de otro virus por pruebas moleculares, aplicado exclusivamente para diagnóstico de SARS CoV-2) serán incluidas en el listado de procedimientos de laboratorio clínico financiados con recursos de la UPC para 2025. Esta inclusión corresponde a la actualización realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Anexo 3 de la Resolución 2718 de 2024 y la posterior modificación mediante Resolución 000757 de 2025.

Acciones y regulaciones establecidas

El proyecto modifica el parágrafo 4 del artículo 16 para precisar que las pruebas mencionadas no serán objeto de financiación por el mecanismo previsto en la Resolución 1412 de 2022 a partir de la vigencia 2025, dado que su financiamiento se realizará a través de la UPC. Esta medida se fundamenta en el estudio técnico para el incremento de la Unidad de Pago por Capitación para 2025, que contempla estos procedimientos dentro del valor fijado de la UPC, garantizando así la sostenibilidad financiera del sistema.

Impacto y alcance potencial

La modificación busca optimizar la financiación de pruebas diagnósticas en el marco del sistema de salud, asegurando que la asignación de recursos sea acorde con las actualizaciones técnicas y normativas vigentes. Al incluir estos procedimientos dentro del financiamiento por UPC, se promueve una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados a la atención en salud, beneficiando a los usuarios del sistema y a las entidades prestadoras de servicios de salud.

Actores clave involucrados

Este proyecto de resolución involucra principalmente a la ADRES y al Ministerio de Salud y Protección Social, entidades responsables de la gestión y regulación de los recursos del sistema de salud. Asimismo, impacta a las entidades prestadoras de servicios de salud y a los laboratorios clínicos que realizan las pruebas de diagnóstico de SARS CoV-2, así como a los usuarios beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud.

La resolución propuesta entrará en vigencia a partir de su publicación, modificando formalmente la financiación de las pruebas diagnósticas para el COVID-19 en el sistema de salud colombiano para el año 2025. Con esta medida se espera fortalecer la capacidad del sistema para responder de manera eficiente a las necesidades de diagnóstico y control de la pandemia, garantizando la sostenibilidad financiera y la calidad en la atención a los usuarios.