Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un recurso de reposición y súplica interpuestos contra un auto que negó el decreto de pruebas solicitado por la parte actora.

Antecedentes del proceso

La sociedad demandante presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, específicamente contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, alegando responsabilidad por errores jurisdiccionales relacionados con un proceso ejecutivo. En dicha demanda, se solicitó el decreto de pruebas orientadas a acreditar la cesión de acciones de una sociedad comercial, con el fin de sustentar el pago de arras por incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa y el levantamiento de medidas cautelares sobre un inmueble. En primera instancia, el Tribunal Administrativo negó la práctica de esas pruebas por considerarlas innecesarias, argumentando que los documentos existentes eran suficientes para acreditar el pago de las arras y que algunos datos solicitados eran inútiles para el proceso. Luego, en segunda instancia, la Sala del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación, pero negó nuevamente el decreto de pruebas, fundamentando su decisión en que la parte demandante no acreditó haber ejercido previamente el derecho de petición para obtener la información requerida.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que el decreto de pruebas debe cumplir con los requisitos de utilidad, necesidad y conducencia, y que, según el artículo 173 del Código General del Proceso (CGP), el juez debe abstenerse de ordenar pruebas que la parte pueda obtener directamente...