Providencia judicial y contexto procesal

La Sala Quinta del Consejo de Estado, en calidad de instancia de alzada, emitió una sentencia de segunda instancia el 5 de marzo de 2026, resolviendo la impugnación de una acción de tutela presentada contra una providencia judicial previa. La tutela fue interpuesta contra la decisión de la Sección Tercera, Subsección A, que confirmó la declaración de caducidad de un proceso de reparación directa promovido por un particular contra la Nación y entidades del sector Defensa. El caso se originó en una demanda por daños a la salud mental y física derivados de un procedimiento quirúrgico practicado a un miembro activo de la Policía Nacional. El demandante alegó que no fue informado adecuadamente sobre los riesgos y consecuencias adversas del acto médico, lo que le generó secuelas irreversibles, incluyendo esterilidad y trastornos psiquiátricos. La demanda fue declarada caduca por el Tribunal Administrativo de Bolívar, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en segunda instancia.

Fundamentos y argumentos de la acción de tutela

El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la salud, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Alegó que la caducidad fue declarada bajo una interpretación rígida y reduccionista de las normas, pues sólo se tomó en cuenta un diagnóstico anatómico fechado en 2007, sin valorar la expectativa de recuperación y la complejidad del daño sufrido, que incluía aspectos funcionales y psiquiátricos. Además, cuestionó que la autoridad judicial no considerara la falta de consentimiento informado como un factor relevante...