Contexto y antecedentes procesales

La providencia analizada corresponde a una sentencia de primera instancia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado. El caso se originó a partir de una acción de tutela presentada en diciembre de 2025 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. Esta acción buscaba proteger derechos fundamentales relacionados con el mínimo vital, la seguridad social, el trabajo y el acceso a la administración de justicia, tras la revocación de una medida cautelar de embargo decretada en un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo se adelantó contra una entidad pública encargada de la prestación de servicios de salud, con el fin de obtener el pago de una sentencia laboral que reconoció una relación laboral encubierta y condenó a la entidad al pago de prestaciones sociales y demás emolumentos. La parte ejecutante solicitó el embargo y retención de dineros en una cuenta bancaria específica y el embargo de un inmueble propiedad de la entidad. El Juzgado Administrativo competente decretó inicialmente la medida cautelar sobre los recursos de la cuenta bancaria destinados al pago de sentencias y conciliaciones. Sin embargo, la entidad demandada interpuso recursos alegando la inembargabilidad de dichos recursos, argumentando que su afectación pondría en riesgo la sostenibilidad financiera y el derecho a la salud de sus usuarios, dado que los recursos eran parafiscales y tenían una destinación específica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 5 de diciembre de 2025, revocó la medida cautelar, fundamentando que la entidad se encontraba en un proceso de saneamiento financiero y que la medida podría afectar la prestación del servicio de salud, así como los derechos fundamentales superiores a los económicos.

Consideraciones jurídicas de la Sala de lo Contencioso Administrativo

El Consejo de Estado examinó la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial. Se recordó que, conforme a la doctrina constitucional, la tutela contra decisiones judiciales requiere cumplir ciertos requisitos procesales y sustanciales. En particular, el requisito general de subsidiariedad impide la intervención del juez constitucional cuando el proceso judicial está en curso y existen medios ordinarios para la defensa de los derechos. La Sala reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que la acción de tutela no puede ser un mecanismo paralelo dentro de un proceso aún no concluido, salvo que exista un perjuicio irremediable que justifique la urgencia de la protección. En este caso, no se evidenció tal perjuicio, ni inminente ni grave, que justificara la intromisión en la jurisdicción natural. Asimismo, se destacó que la parte accionante no aportó pruebas contundentes sobre la existencia de un daño irreparable ni sobre la improcedencia de los recursos judiciales ordinarios. Por consiguiente, la Sala concluyó que la acción de tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad y debía ser declarada improcedente.

Conclusión y fallo

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, decidió:

• Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que revocó la medida cautelar de embargo.
• Ordenar la notificación de esta decisión a las partes involucradas y su publicación en la página web oficial del Consejo de Estado.
• Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

Esta decisión reafirma la importancia del respeto a la jurisdicción ordinaria en procesos judiciales en curso y la aplicación estricta del requisito de subsidiariedad en la acción de tutela contra providencias judiciales, garantizando así la adecuada administración de justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales en el marco procesal correspondiente.