Providencia judicial y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, emitió una sentencia de primera instancia el 27 de febrero de 2026, declarando improcedente una acción de tutela promovida contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La demanda buscaba proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Antecedentes fácticos y procesales

Los accionantes presentaron inicialmente una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Yumbo, con el fin de anular dos resoluciones administrativas: una orden de demolición de una vivienda construida sin licencia y la confirmación de dicha orden por parte de la Secretaría de Gobierno municipal. Alegaron irregularidades en el procedimiento administrativo, incluyendo vulneraciones al derecho de audiencia, defensa y debido proceso, especialmente por la falta de intervención de abogado en un proceso que involucraba a un ciudadano cuyo idioma natal no es el español, y la exclusión de una coproprietaria del predio. Durante el proceso contencioso-administrativo, el Juzgado Quinto Administrativo de Cali inicialmente negó la medida cautelar solicitada, pero posteriormente la concedió para suspender la orden de demolición, con base en la posible afectación de derechos fundamentales y en el riesgo de perjuicio económico significativo. Sin embargo, la Sala Jurisdiccional de Decisión 4 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó esta medida cautelar, argumentando que el juzgado no realizó el análisis requerido para comparar el acto administrativo cuestionado con las normas superiores invocadas, ni valoró adecuadamente las pruebas allegadas. Ante esta revocatoria, los accionantes interpusieron la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, solicitando restablecer la medida cautelar y proteger sus derechos fundamentales.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y está sujeta al cumplimiento riguroso de requisitos, entre ellos la demostración de relevancia constitucional. La Sala enfatizó que la tutela no debe ser utilizada como instancia adicional para disputar decisiones judiciales ordinarias, especialmente cuando la discusión versa sobre aspectos legales o patrimoniales sin afectación directa y grave de derechos fundamentales. Respecto al caso concreto, el Consejo señaló que los argumentos presentados evidencian inconformidad con la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y con la desaparición de la protección provisional otorgada por el juzgado, pero no prueban una vulneración arbitraria o caprichosa de derechos fundamentales. La Sala destacó que el tribunal apelado cumplió con su función de revisar los reparos específicos formulados en la apelación, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso. Asimismo, se subrayó que la exigencia de confrontar el acto administrativo con las disposiciones invocadas, prevista en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), es un requisito indispensable para decretar medidas cautelares y no representa un exceso ritual injustificado.

Decisión final

El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional del asunto planteado, con lo cual confirmó la revocatoria de la medida cautelar que suspendía la demolición de la vivienda. Se notificó a las partes interesadas y se ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta providencia reafirma el criterio jurisprudencial de que la acción de tutela no debe ser empleada como mecanismo para dilatar o reabrir debates propios de los procesos ordinarios, garantizando así la adecuada administración de justicia y el respeto a los procedimientos establecidos para la protección de derechos fundamentales. Con esta decisión, se fortalece el principio de seguridad jurídica y se promueve el respeto a los actos administrativos debidamente motivados y ajustados a la ley.