Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, en cumplimiento de su competencia constitucional para conocer acciones de tutela contra autoridades administrativas y judiciales.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, vinculada provisionalmente desde abril de 2023 en un Juzgado Civil Municipal, presentó acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, salud, vida digna, mínimo vital y trabajo en condiciones dignas. La causa de la controversia fue la terminación de su nombramiento en provisionalidad mediante resolución que nombró en propiedad a otro servidor judicial, tras tramitarse un traslado con concepto favorable. La accionante argumentó sufrir una enfermedad auditiva crónica y progresiva que la coloca en una condición de debilidad manifiesta, solicitando medidas afirmativas para proteger su estabilidad laboral relativa, tales como reubicación en cargo igual o equivalente, inclusión prioritaria en listas de vacantes y mantenimiento en el sistema de seguridad social. En el trámite, se notificó a las autoridades accionadas y a terceros interesados, y se presentaron informes que detallaron el proceso del traslado y la ausencia de solicitudes formales previas de estabilidad laboral reforzada por parte de la accionante. También se indicó que el acto administrativo impugnado podía ser controvertido mediante los recursos ordinarios previstos en la ley, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado comenzó recordando que la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter excepcional y subsidiario. En concordancia con la jurisprudencia constitucional, estableció que...