Tribunal y naturaleza de la decisión

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció y resolvió en primera instancia una acción de tutela promovida contra el Consejo Superior de la Judicatura, específicamente contra su Unidad de Registro Nacional de Abogados. La providencia adoptada corresponde a una sentencia en materia de tutela.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta por una abogada que reclamaba la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, libre ejercicio profesional y mínimo vital. La solicitante argumentó que, tras haberse graduado, solicitó la expedición de su tarjeta profesional ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados, pero esta fue retenida por la supuesta falta de presentación del examen de Estado establecido en la Ley 1905 de 2018. La demandante sostuvo que inició sus estudios de derecho antes de la promulgación de dicha ley, por lo que debería aplicársele el régimen de transición contenido en el artículo 2 de la norma, que exime a quienes comenzaron sus estudios antes de su entrada en vigencia de cumplir con el examen de idoneidad. Por ello, solicitó que se ordenara la expedición inmediata de su tarjeta profesional sin exigirle dicho examen y que se respetara el régimen de transición para casos similares. El Tribunal Administrativo remitió el proceso al Consejo de Estado conforme al Decreto 333 de 2021, que asigna la competencia para conocer de tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura. Durante el trámite, el Consejo Superior de la Judicatura aclaró la fecha de inicio de estudios de la abogada tras una corrección en la información suministrada por la universidad. Posteriormente, expidió la tarjeta profesional requerida, hecho que motivó la solicitud de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y preferente para proteger derechos fundamentales de forma inmediata frente a amenazas o vulneraciones por acción u omisión de autoridades públicas o particulares en casos excepcionales. Se explicó que la carencia actual de objeto ocurre cuando, entre la presentación de la tutela y la decisión judicial, desaparece la situación que dio origen a la demanda, ya sea porque se ha superado el hecho causante, el daño se ha consumado o ha surgido una situación sobreviniente que hace improcedente la protección solicitada. En este caso, la autoridad accionada cumplió con expedir la tarjeta profesional durante el trámite del proceso, eliminando la vulneración denunciada. Por tanto, cualquier pronunciamiento adicional del juez de tutela sería inocuo, pues la finalidad de protección inmediata ya fue satisfecha. El Consejo de Estado declaró entonces la carencia de objeto de la acción de tutela por hecho superado y ordenó notificar la decisión a las partes, así como publicarla en su página web y remitirla a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia enfatiza la importancia de la tutela como mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales y la doctrina jurisprudencial sobre la carencia actual de objeto que limita su procedencia cuando la causa de la demanda desaparece. Asimismo, subraya la aplicación del régimen transitorio de la Ley 1905 de 2018, que establece criterios claros para la exigencia del examen de Estado en la expedición de la tarjeta profesional de abogado, atendiendo al momento de inicio de los estudios jurídicos. La resolución contribuye a clarificar el procedimiento para la expedición de la tarjeta profesional y el respeto a los derechos adquiridos dentro del régimen legal vigente, en un contexto de reformas normativas para el ejercicio profesional del derecho en Colombia. Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma el papel fundamental de la justicia administrativa en la tutela de derechos y en la interpretación adecuada de las normas que regulan el ejercicio profesional, garantizando seguridad jurídica y respeto por los procesos establecidos.