Contexto y antecedentes del caso

El 4 de febrero de 2026, una docente oficial de la categoría 3AM en el escalafón docente presentó una acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda. La solicitud de amparo constitucional se fundamentó en presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad. La controversia surge tras una providencia del 21 de agosto de 2025 que confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, la cual denegó las pretensiones de esta docente en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La acción original buscaba la inaplicación del Decreto 284 de 2024, que fijó la escala salarial del personal docente, argumentando que los incrementos salariales en 2008 y 2009 fueron desiguales y carecieron de justificación objetiva, afectando negativamente la base salarial de la categoría 3AM en comparación con la 3DM. El proceso evidenció que en los años 2005 a 2007 los incrementos salariales para docentes fueron iguales, pero se aplicaron diferencias porcentuales significativas en 2008 y 2009, beneficiando más a la categoría 3DM. La reclamación administrativa fue negada, y posteriormente se promovió el medio de control judicial que terminó en las decisiones cuestionadas.

Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado

La Sección Quinta del Consejo de Estado, competente para conocer este tipo de acciones, inició el análisis partiendo de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Según la jurisprudencia unificada, la tutela es improcedente salvo cuando se demuestre una vulneración...