Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en materia contencioso administrativa. Se trata de un auto interlocutorio dictado el 12 de febrero de 2026, que resuelve la solicitud de corrección de la sentencia de segunda instancia, fechada el 27 de noviembre de 2025. Esta última modificó parcialmente una sentencia anterior del Tribunal Administrativo del Huila, dictada el 14 de marzo de 2023.

Antecedentes fácticos y procesales

La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Huila y Caquetá, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y regulada por la Ley 472 de 1998, promovió demanda contra el Municipio de Neiva, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y una ciudadana por la ocupación indebida de la ronda hídrica del río Oro con instalaciones dedicadas a la producción porcícola. El Tribunal Administrativo del Huila reconoció la vulneración de derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el goce del espacio público, la seguridad y la salubridad públicas. Ordenó al Municipio la remoción de las estructuras instaladas en la zona de ronda, a la autoridad ambiental la culminación de procesos sancionatorios y a la particular cesar la actividad porcícola en el área protegida. Posteriormente, la decisión fue apelada y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado modificó los órdenes relacionados con la delimitación del área protegida y estableció medidas de inspección periódica, así como plazos para la remoción de estructuras y la inclusión en programas institucionales de vivienda y proyectos productivos.

Fundamentos y corrección del auto interlocutorio

La corrección solicitada por la apoderada del Municipio de Neiva se centró en un error tipográfico detectado en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia. En los ordinales modificados y en un exhorto, se hacía referencia incorrecta al “Municipio del Huila” cuando debía indicarse el “Municipio de Neiva”. El Consejo de Estado, aplicando el artículo 286 del Código General del Proceso, que permite corregir errores por omisión o cambio de palabras en la parte resolutiva de las providencias, decidió otorgar la corrección. Se precisó que esta medida garantiza la claridad y exactitud en la identificación de los sujetos obligados a cumplir las órdenes judiciales. Las modificaciones consistieron en sustituir la expresión “Municipio del Huila” por “Municipio de Neiva” en los ordinales primero y tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 27 de noviembre de 2025, manteniendo intactos los demás aspectos de la decisión.

Implicaciones jurídicas

Este auto interlocutorio reafirma la importancia de la precisión en las decisiones judiciales para asegurar la efectiva ejecución de las órdenes en protección de derechos colectivos ambientales. La providencia también subraya la función de la acción popular como mecanismo para la defensa del medio ambiente y el espacio público, así como el rol de las autoridades locales y ambientales en la garantía de estos derechos. La corrección procesal realizada contribuye a evitar confusiones institucionales y fortalece la seguridad jurídica en la implementación de medidas ordenadas por los tribunales en casos de protección ambiental. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.