Un acuerdo interadministrativo para fortalecer la inversión pública en salud
El proyecto de acuerdo en cuestión corresponde a un instrumento interadministrativo aprobado por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR), órgano regulador encargado de dictar lineamientos para el adecuado funcionamiento del SGR, conforme a lo establecido en la Ley 2056 de 2020. Esta propuesta modifica el Acuerdo 03 de 2021, también denominado Acuerdo Único del SGR, que regula la viabilización y priorización de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías.
Firmado en sesión de la Comisión Rectora durante el año 2026, el proyecto introduce ajustes y nuevos anexos sectoriales, con énfasis en el sector Salud y Protección Social, ampliando así los requisitos técnicos y administrativos que deben cumplir los proyectos para ser financiados. Esta actualización responde a la necesidad de garantizar que los recursos públicos se asignen a iniciativas viables, con criterios rigurosos que incluyen aspectos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales.
Objeto y finalidad del proyecto de acuerdo
El objeto principal del proyecto es modificar y complementar el Acuerdo Único del SGR para incorporar requisitos sectoriales específicos que permitan asegurar la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En particular, se adoptan nuevos parámetros para proyectos del sector Salud y Protección Social, los cuales incluyen desde la construcción y adecuación de infraestructura hospitalaria hasta la dotación de equipos biomédicos y el desarrollo de proyectos de telesalud.
Con esta iniciativa, la Comisión Rectora busca cumplir con las funciones asignadas por la Ley 2056 de 2020, especialmente la adopción de requisitos técnicos sectoriales para viabilizar proyectos financiados por el SGR. Se pretende, además, mejorar la calidad de los estudios técnicos que sustentan los proyectos, asegurar la coherencia con planes sectoriales y fortalecer la articulación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional.
Ámbito de aplicación y principales disposiciones
El acuerdo tiene aplicación en todo el territorio nacional, abarcando a los departamentos, distritos y municipios que formulen proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR. A nivel interadministrativo, involucra a la Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ministerios sectoriales y entidades territoriales.
Entre las disposiciones más significativas del proyecto destacan:
- Modificación de requisitos generales para proyectos que incluyan compra de predios en la Fase III, estableciendo condiciones técnicas, jurídicas y financieras previas a esta actuación ejecutiva.
- Actualización de requisitos para proyectos de infraestructura de transporte, exigiendo estudios y diseños técnicos integrales conforme a la Ley 1682 de 2013.
- Corrección de errores formales en el Acuerdo 03 de 2021 para garantizar claridad en las referencias normativas y procedimientos administrativos.
- Facultad al DNP para realizar ajustes formales a los formatos adoptados por la Comisión Rectora, con comunicación a la misma para garantizar transparencia.
- Incorporación del Anexo 15, que establece requisitos sectoriales detallados para la viabilización de proyectos en el sector Salud y Protección Social, incluyendo criterios para infraestructura hospitalaria, dotación de equipos biomédicos e industrial hospitalario, proyectos de reforzamiento sísmico, inversiones en telesalud, y programas específicos como el de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI).
- Establecimiento de mecanismos transitorios que permiten continuar con la viabilidad de proyectos presentados antes de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, garantizando seguridad jurídica.
Impacto potencial en la comunidad y en la gestión pública
La adopción de estos requisitos sectoriales tiene un impacto directo en la calidad y eficiencia de los proyectos de inversión financiados con regalías. En el sector Salud y Protección Social, la actualización normativa busca asegurar que las intervenciones respondan a las necesidades reales de la población, estén articuladas con los planes territoriales de salud y cumplan con estándares técnicos y ambientales vigentes.
Esto se traduce en una mejor planificación, ejecución y sostenibilidad de la infraestructura sanitaria, así como en una gestión más transparente y alineada con las políticas públicas nacionales. Además, la inclusión de mecanismos para la evaluación técnica y financiera contribuye a reducir riesgos y optimizar el uso de los recursos públicos.
Para las entidades territoriales, el acuerdo representa un marco claro para la formulación y presentación de proyectos, facilitando la coordinación con el nivel nacional y el acceso a los recursos del SGR. Asimismo, fortalece el control y seguimiento a las inversiones, promoviendo la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa.
Mecanismos de seguimiento y evaluación
Aunque el proyecto de acuerdo no detalla exhaustivamente los procedimientos de seguimiento y evaluación, establece que los proyectos deberán cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros para su viabilización, lo que implica un proceso riguroso de revisión por parte de la Comisión Rectora y las entidades sectoriales. Además, faculta al Departamento Nacional de Planeación para administrar y actualizar los formatos relacionados con el Banco de Proyectos de Inversión, facilitando la gestión y supervisión de los proyectos.
Este marco normativo está en consonancia con las disposiciones legales vigentes, como la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, garantizando un control adecuado y oportuno sobre la destinación y ejecución de los recursos.
Contexto y relevancia jurídica
El proyecto se enmarca dentro de la evolución normativa del Sistema General de Regalías, que desde su creación mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y sus reformas posteriores, ha buscado mejorar la distribución y uso de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. La Ley 2056 de 2020 reforzó el papel de la Comisión Rectora como órgano regulador y definió las competencias para adoptar lineamientos administrativos y técnicos.
Este proyecto de acuerdo se presenta como una actualización necesaria para responder a los retos actuales en la gestión de las inversiones públicas, especialmente en sectores estratégicos como la salud. Su implementación podría fortalecer la gobernanza y la calidad de las inversiones financiadas con regalías, contribuyendo al desarrollo territorial y al bienestar de la población.
Conclusión
El proyecto de Acuerdo número xx de 2026 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías propone modificaciones sustanciales al Acuerdo Único del SGR con el propósito de adoptar requisitos sectoriales específicos para la viabilización de proyectos de inversión, con especial énfasis en el sector Salud y Protección Social. De aprobarse, este acuerdo establecerá un marco riguroso y actualizado que busca garantizar la eficiencia, transparencia y pertinencia de las inversiones financiadas con recursos de regalías en Colombia.
Si bien el acuerdo aún está en fase de proyecto y pendiente de aprobación definitiva, su análisis es fundamental para entender los avances en la regulación de la inversión pública y la importancia de contar con criterios técnicos claros para la gestión de los recursos que impactan directamente a las comunidades y al desarrollo territorial. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Estado con la mejora continua de la infraestructura y los servicios de salud, buscando un impacto positivo y sostenible en el bienestar de la población colombiana.
