Contexto y referencia del proyecto de decreto

El Ministerio del Interior anunciaría el proyecto de decreto número — de 2026, el cual buscaría adicionar un título al Decreto 1066 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Este proyecto, anunciado en 2026, buscaría derogar el Decreto 1314 de 2016, que creó la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, así como la Resolución 0845 de 2018, mediante la cual se adoptó el programa que ahora se pretende actualizar y formalizar mediante decreto. Este proyecto se enmarcaría en el cumplimiento de mandatos constitucionales, normas internacionales y sentencias de la Corte Constitucional, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. Además, respondería a la necesidad de fortalecer las garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan riesgos diferenciales y extraordinarios derivados de su labor y condición.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto de decreto tendría como propósito adoptar formalmente el “Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos” (PIGMLD), con el objetivo de brindar garantías para el ejercicio libre, seguro y efectivo de los liderazgos de las mujeres y de su derecho a defender los derechos humanos. El programa se diseñaría para atender a mujeres cisgénero, mujeres transgénero y personas no binarias asignadas femenino al nacer, reconociendo el derecho a la autoidentificación de género. Además, incluiría a mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como beneficiarias, dado su papel en la búsqueda y defensa de derechos humanos. Este programa afectaría directamente a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional, especialmente aquellas que enfrentan contextos de conflicto armado, restitución de tierras o altos niveles de riesgo.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

El proyecto de decreto plantearía la adición de un título dedicado al PIGMLD en el Decreto 1066 de 2015, estableciendo objetivos, principios, enfoques y una estructura organizativa para su implementación. Entre las medidas relevantes se incluirían:

• Definición clara de los objetivos específicos del programa, tales como orientar lineamientos para garantizar la labor de las lideresas, fortalecer sus capacidades y participación, mejorar la respuesta institucional para la prevención y protección, y promover garantías de no repetición de la violencia.
• Incorporación de principios rectores como igualdad y no discriminación, participación efectiva, coordinación interinstitucional, autonomía, debida diligencia reforzada, dignidad humana, no estigmatización, progresividad y sostenibilidad, adaptabilidad y eficacia.
• Adopción de enfoques integrales: de género, derechos humanos, territorial, diferencial étnico, interseccional, antirracista, construcción de paz, discapacidad, diversidades sexuales y de género, generacional, y de autorreconocimiento y buena fe.
• Establecimiento de tres ejes de trabajo: prevención, protección y garantías de no repetición, con líneas de acción detalladas en cada uno.
• Creación y regulación de instancias operativas como la Comisión Intersectorial de Garantías, la Mesa Ejecutiva y las Mesas Amplias de Participación Territorial, con funciones específicas para facilitar la coordinación, seguimiento y participación.
• Asignación de la Secretaría Técnica al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos, encargada de la coordinación y apoyo técnico.
• Obligación para las entidades del orden nacional y territorial de incluir el programa en sus planes de desarrollo y asignar recursos técnicos y financieros para su implementación.
• Participación formal y consultiva de organizaciones sociales de mujeres y defensoras de derechos humanos en las instancias del programa, asegurando representación diversa y legítima.
• Articulación con otras políticas públicas y compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Paz y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Acciones y disposiciones clave del proyecto

El proyecto indicaría que las entidades estatales tendrían la responsabilidad de actuar coordinadamente para prevenir las violencias contra las mujeres lideresas y defensoras, proteger su vida e integridad mediante medidas integrales y culturalmente pertinentes, y garantizar la no repetición mediante acciones de memoria, verdad y reparación simbólica. Se establecerían mecanismos para la articulación entre el nivel nacional y territorial, con la promoción de la participación activa de las beneficiarias en la formulación, implementación y seguimiento del programa, garantizando enfoques diferenciales y de género en todas las acciones. La Secretaría Técnica del Ministerio del Interior coordinaría la formulación del plan de acción del programa cada cuatro años, con participación de las organizaciones sociales y entidades públicas. Además, se establecerían informes semestrales y anuales para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del programa, con publicación para control social y veeduría ciudadana.

Participación de actores clave

La Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos estaría conformada por los ministros o sus delegados de diversas carteras, tales como Interior, Justicia y del Derecho, Defensa, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Trabajo, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Culturas, Deporte, Igualdad y Equidad, así como directores de departamentos administrativos como Prosperidad Social, Presidencia de la República y Planeación Nacional. Invitados permanentes con voz pero sin voto incluirían a directores o delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. La Mesa Ejecutiva, de carácter consultivo, estaría integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad y Equidad o quien haga sus veces, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, plataformas y organizaciones de la sociedad civil de mujeres, y organismos internacionales como ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Asimismo, las Mesas Amplias de Participación Territorial incluirían autoridades locales, organismos internacionales y organizaciones sociales de mujeres para fortalecer la implementación en los territorios. El proyecto señalaría también el interés del Gobierno Nacional en gestionar asistencia técnica y financiera de la comunidad internacional para apoyar el desarrollo del programa.

Información adicional y participación ciudadana

Como se trataría de un proyecto de decreto, el texto completo estaría disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior. Es posible que se estableciera un periodo para recibir comentarios, observaciones y aportes de la ciudadanía y organizaciones interesadas, con el fin de enriquecer el contenido y asegurar la participación social en la formulación final. El proyecto indicaría que su adopción representaría una medida necesaria para fortalecer el marco normativo e institucional en materia de derechos humanos con enfoque de género, diferencial, territorial e interseccional, atendiendo a mandatos constitucionales, jurisprudenciales e internacionales. --- Este análisis informaría a los lectores sobre los alcances, contexto y medidas propuestas en el proyecto de decreto, con un lenguaje claro que permita su comprensión por el público general interesado en asuntos jurídicos y de derechos humanos, contribuyendo así a la visibilización y protección de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia.