Entidades y contexto normativo de la resolución

La Resolución 0-0077 fue emitida por la Fiscalía General de la Nación y publicada en el Diario Oficial No. 53.450 el 6 de abril de 2026. Esta política se fundamenta en las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Fiscalía, particularmente en el artículo 251 de la Constitución Política y el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017. Además, se alinea con políticas nacionales de transformación digital, como las establecidas en los Decretos 767 y 1263 de 2022, que promueven el uso estratégico y responsable de tecnologías emergentes en el sector público.

Tema principal y destinatarios

El tema central de esta resolución es la adopción de una política institucional que regula el uso responsable de la inteligencia artificial en la Fiscalía General de la Nación. Está dirigida a todos los servidores públicos, contratistas, practicantes y terceros que, en ejercicio de sus funciones o contratos, utilicen, desarrollen, adquieran o administren herramientas basadas en IA dentro de la entidad. Este público es relevante porque son los usuarios directos de estas tecnologías y responsables de garantizar su uso adecuado conforme a los lineamientos establecidos.

Objetivo de la resolución

La finalidad principal es institucionalizar una política que impulse, articule y escale las iniciativas de innovación tecnológica que involucran IA, asegurando su implementación segura, ética, interoperable y conforme con estándares técnicos aplicables. La resolución busca fortalecer las labores investigativas y administrativas mediante el uso responsable de la IA, evitando riesgos y promoviendo la generación de valor público en el marco de la misión constitucional de la Fiscalía.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución establece:

• Principios rectores: responsabilidad humana, transparencia, privacidad y protección de datos, proporcionalidad y finalidad, equidad y no discriminación, inclusión e innovación responsable. Destaca que la IA es una herramienta de apoyo que no sustituye el criterio jurídico ni la valoración probatoria.
• Estándares técnicos mínimos: explicabilidad y documentación de modelos de IA, calidad y confiabilidad, seguridad, integridad y privacidad de la información, detección y mitigación de sesgos, trazabilidad y auditoría, y sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, se exige documentación clara sobre el modelo utilizado y limitaciones del sistema, así como mecanismos para detectar y corregir sesgos.
• Autoridad técnica: la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es responsable de administrar la infraestructura tecnológica, definir controles técnicos y coordinar el registro y seguimiento de las iniciativas de IA.
• Inventario institucional: se debe consolidar un registro de todas las iniciativas y herramientas basadas en IA dentro de la Fiscalía, para facilitar la gestión eficiente y la adopción responsable.
• Marco de uso y deberes del usuario: el uso de herramientas de IA está limitado a actividades que apoyen la investigación penal, la gestión administrativa y la misión institucional. Se establece que ningún resultado generado por IA podrá incorporarse directamente a actuaciones sin validación humana, y se detallan deberes como conocer limitaciones y validar resultados.
• Prohibiciones: se prohíbe el uso automatizado de IA para decisiones que afecten derechos fundamentales, como imputaciones o determinaciones penales, y el uso de herramientas no autorizadas que puedan comprometer información reservada.
• Desarrollo de herramientas: cualquier iniciativa para crear o mejorar sistemas con IA debe coordinarse con la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cumplir con requisitos técnicos específicos.
• Clasificación y control del riesgo: las herramientas se clasificarán según el nivel de riesgo basado en la sensibilidad de la información, el impacto misional y el modo de ejecución, para aplicar controles proporcionales y garantizar la mitigación adecuada de riesgos.

Base legal y modificaciones

La resolución se fundamenta en normas constitucionales y legales, incluyendo la Constitución Política, el Decreto Ley 016 de 2014 y sus modificaciones, el Decreto 767 de 2022 sobre Gobierno Digital, y el Decreto 1263 de 2022 sobre transformación digital pública. No se identifica revocación de resoluciones previas, sino la adopción formal de una política innovadora que articula y desarrolla el marco normativo existente para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Fiscalía.

Plazos y vigencia

La Resolución 0-0077 entra en vigor desde su fecha de expedición, el 6 de abril de 2026, y es de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, contratistas, practicantes y terceros relacionados con el uso de IA en la entidad.

Impacto potencial

Esta política institucional representa un avance significativo en la regulación del uso de inteligencia artificial en el sector público, en particular en una entidad clave para la administración de justicia. Al establecer principios éticos, estándares técnicos y controles rigurosos, la Fiscalía General de la Nación busca aprovechar las tecnologías emergentes para optimizar sus funciones investigativas y administrativas, sin perder de vista la protección de derechos fundamentales, la privacidad y la transparencia. Además, la articulación de roles y la creación de un inventario institucional facilitarán una gestión coordinada y responsable, fomentando la innovación tecnológica alineada con los valores constitucionales y legales. En suma, la Resolución 0-0077 de 2026 sienta las bases para un uso responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Fiscalía General de la Nación, contribuyendo a fortalecer la confianza pública en la gestión tecnológica de esta institución. --- Para consulta de la resolución completa, puede accederse al Diario Oficial No. 53.450 del 6 de abril de 2026.