Antecedentes normativos y evolución regulatoria

El proyecto se fundamenta en la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de libertad regulada para servicios públicos domiciliarios. A lo largo de tres etapas, la regulación tarifaria ha evolucionado desde la fijación de tarifas basadas en costos reales hacia metodologías más complejas que incluyen incentivos para la eficiencia, cobertura y calidad del servicio. Actualmente, la regulación vigente está compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, que segmenta a los prestadores según el tamaño del mercado atendido y establece una estructura tarifaria basada en cargos fijos y por consumo, calculados con costos económicos de referencia que incluyen costos administrativos, operativos, de inversión y ambientales.

Objetivo y razones del proyecto

La CRA busca actualizar la metodología tarifaria para cumplir con el mandato legal de revisión quinquenal y alinearse con políticas nacionales e internacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo 2023, los compromisos con la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6 relacionado con el agua y saneamiento sostenible. El nuevo marco pretende ser más robusto, flexible y adaptativo, equilibrando la sostenibilidad financiera de los prestadores con la asequibilidad tarifaria, incorporando criterios de eficiencia, calidad, cobertura, innovación y responsabilidad ambiental.

Aspectos centrales del proyecto

El proyecto establece el Área de Prestación del Servicio (APS) como unidad geográfica para aplicar la metodología tarifaria, con delimitación precisa y georreferenciada, y exige que las personas prestadoras con más de 5.000 suscriptores urbanos al 31 de diciembre de 2024 se clasifiquen en segmentos que determinan las reglas tarifarias y estándares de calidad. Se contempla un esquema diferencial para zonas o prestadores en condiciones especiales, y se vinculan metas de desempeño integradas a la tarifa para un horizonte de diez años. La tarifa máxima se calcula como un valor basado en dos cargos: fijo, asociado al costo medio de administración, y por consumo, que integra costos operativos, de inversión e impuestos.

Análisis desde la libre competencia económica

La SIC concluye que la metodología propuesta es razonable y proporcional para un mercado caracterizado por ser un monopolio natural. Se reconoce que la regulación de precios es necesaria para evitar precios excesivos o insuficientes que afecten la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio. Destaca la transparencia y participación en el proceso regulatorio, la incorporación de estándares de calidad y sostenibilidad, la segmentación técnica que ajusta las exigencias según características de los prestadores, y la vinculación entre tarifa y desempeño mediante incentivos y descuentos. Se resaltan recomendaciones para ajustar la referencia normativa sobre la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial, justificar técnicamente la agregación de suscriptores para segmentación, y detallar la gradualidad en la reducción de pérdidas de agua para asegurar trayectorias técnica y financieramente viables.

Consumo corregido por pérdidas

El proyecto establece un estándar de pérdidas de agua de 4 m³ por suscriptor al mes para los segmentos 1 a 3, con una gradualidad hacia esta meta, mientras que el segmento 4 mantiene un estándar de 6 m³, reconociendo las dificultades técnicas y logísticas en zonas rurales. La SIC valora positivamente este esquema, pero sugiere fortalecer la justificación técnica de las trayectorias de reducción para facilitar su implementación y sostenibilidad financiera.

Conclusiones

El marco tarifario propuesto presenta una arquitectura regulatoria adecuada para equilibrar la suficiencia financiera de los prestadores con la protección de los usuarios y la eficiencia económica. La metodología basada en costos económicos de referencia con recálculo periódico, segmentación diferenciada y vinculación tarifaria con estándares de calidad y desempeño, contribuye a mejorar la gestión del recurso hídrico y la prestación del servicio. La efectividad del modelo dependerá del uso de información confiable y de mecanismos de seguimiento adecuados, aspectos en los que la CRA ha incorporado herramientas que favorecen una implementación ordenada y predecible.

Recomendaciones

Se recomienda a la CRA: - Ajustar la exigencia de actualización de instrumentos de ordenamiento territorial para permitir la armonización con los instrumentos vigentes aunque no estén actualizados. - Complementar la justificación técnica para la suma de suscriptores en la segmentación, especialmente cuando las APS no estén interconectadas. - Detallar la justificación de la gradualidad en la reducción de pérdidas, mostrando la viabilidad técnica, operativa y financiera de las trayectorias propuestas. La SIC solicita la remisión del proyecto acompañado de la última versión de la memoria justificativa para su seguimiento, a fin de garantizar la correcta implementación y evaluación continua del marco tarifario propuesto.