Contexto y entidad emisora del proyecto

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se orientaría a reglamentar el artículo 38 de la Ley 1957 de 2019, la cual es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta iniciativa buscaría complementar y desarrollar las disposiciones relacionadas con las sanciones propias y medidas impuestas por la JEP, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en 2016.

Propósito y alcance del proyecto

El propósito principal del proyecto de decreto sería establecer las condiciones institucionales, jurídicas y administrativas para que los comparecientes ante la JEP puedan cumplir las sanciones propias y medidas impuestas mediante providencia judicial. Estas condiciones incluirían la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asegurabilidad frente a riesgos derivados de las actividades restaurativas, y el acceso a condiciones transversales de dignidad como habitabilidad, alimentación, transporte y seguridad. El decreto aplicaría a todas las entidades públicas de la rama ejecutiva, tanto a nivel central como descentralizado, y también sería aplicable a organizaciones privadas, organismos multilaterales, entidades sin ánimo de lucro y ONG que participen voluntariamente en los proyectos restaurativos.

Modificaciones y medidas específicas que plantearía el proyecto

El proyecto plantearía la regulación detallada de la relación jurídica entre los comparecientes y las entidades líderes de los proyectos restaurativos, aclarando que esta relación no constituiría vínculo laboral ni contractual. Además, se establecerían reglas claras para la afiliación obligatoria de los comparecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando la cobertura en riesgos asociados a la ejecución de sanciones propias mediante pólizas de seguros que cubran gastos médicos, invalidez e incapacidad total o permanente, y muerte. También se establecerían garantías para la ejecución segura y efectiva de los proyectos restaurativos, incluyendo la provisión de herramientas, insumos, elementos de seguridad y capacitación necesaria. Se contemplaría además un protocolo de seguridad articulado con entidades como el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales, para salvaguardar la integridad de los comparecientes, las víctimas y las comunidades receptoras. En cuanto a la habitabilidad, el decreto propondría garantizar condiciones dignas y adecuadas en los lugares donde se desarrollen los proyectos restaurativos, incluyendo alimentación y traslados cuando sea necesario, y regulando especialmente la situación de los comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública.

Participación de actores clave

La implementación y supervisión del decreto involucrarían diversas entidades públicas de los niveles nacional y territorial, incluyendo ministerios como el de Defensa, Salud y Protección Social, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. La Jurisdicción Especial para la Paz tendría un rol central en el monitoreo y verificación del cumplimiento de las sanciones y medidas, solicitando informes periódicos a las entidades y organizaciones líderes de los proyectos restaurativos. Asimismo, el decreto promovería la participación voluntaria de organizaciones privadas, organismos multilaterales, entidades sin ánimo de lucro y ONG, en articulación con la JEP y el Gobierno Nacional, para facilitar el cumplimiento de las sanciones propias.

Información adicional y participación ciudadana

Aunque el proyecto de decreto establecería un marco claro para garantizar las condiciones institucionales de los comparecientes, se esperaría que el mismo fuera sometido a un proceso de socialización y participación ciudadana para recibir comentarios y observaciones. La ciudadanía y las organizaciones interesadas podrían acceder al texto completo del proyecto a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia y del Derecho y participar en las consultas públicas que se programen, en línea con los procedimientos habituales para la elaboración normativa.