Tribunal y naturaleza de la decisión

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en segunda instancia, con ocasión de una acción de tutela de primera instancia. Por reparto, dicha Sala asumió el conocimiento de la tutela interpuesta contra entidades judiciales y fiscales relacionadas con un proceso penal por lesiones personales culposas.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue instaurada por una víctima de un accidente de tránsito ocurrido el 13 de abril de 2023, que resultó en lesiones graves y secuelas permanentes. La víctima denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, reparación integral, mínimo vital y dignidad humana, argumentando la falta de acompañamiento y notificación adecuada por parte de la Fiscalía 15 Local Seccional de Hobo y los juzgados involucrados. A partir del accidente, la Fiscalía recibió la noticia criminal, pero según la accionante, no activó las labores de orientación ni acompañamiento necesarias para garantizar los derechos de la víctima, pese a la evidencia médica y el estado de vulnerabilidad de esta. Además, se señala que la víctima no pudo formular la querella en el término legal por su delicado estado de salud y limitaciones tecnológicas, lo que habría sido desconocido por las autoridades. En el proceso penal correspondiente, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Hobo declaró la preclusión de la acción penal por caducidad de la querella, decisión confirmada en segunda instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva. Esta medida fue impugnada ante el Tribunal Superior, que asumió el conocimiento de la tutela.

Consideraciones del Tribunal y fundamentos de la decisión

El Tribunal Superior de Neiva, al acoger la tutela, enfatizó la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal, especialmente en situaciones de vulnerabilidad extrema como la hospitalización prolongada y las barreras tecnológicas y económicas que enfrentó. Con base en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el tribunal avocó conocimiento de la acción y ordenó que se le imprima un trámite preferente y sumario. Para ello, dispuso vincular a todas las personas y entidades que hacen parte del proceso penal por lesiones personales culposas, incluyendo la Fiscalía, los juzgados demandados, la víctima y sus defensores. Asimismo, se ordenó a las autoridades accionadas y vinculadas pronunciarse en un término perentorio de un día sobre las pretensiones y hechos alegados, aportando el acceso al expediente y los soportes necesarios para esclarecer si hubo violación o amenaza a derechos fundamentales. En caso de imposibilidad para notificar personalmente o por correo electrónico a las partes, el tribunal autorizó la notificación por aviso en la página web de la Secretaría de la Sala Penal, garantizando así el derecho a la información y la participación de quienes puedan resultar afectados. La providencia resalta además el deber constitucional y legal de la Fiscalía como garante del derecho a la protección y acompañamiento a las víctimas, conforme a los artículos 250 de la Constitución Política y 11 y 66 del Código de Procedimiento Penal. También se enfatiza la necesidad de flexibilizar requisitos procesales para personas en condiciones de vulnerabilidad, evitando que formalismos obstaculicen el acceso a la justicia y la reparación integral. Finalmente, la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Neiva ordenó que se notifique y cumpla de inmediato, reiterando la importancia de proteger los derechos fundamentales y asegurar la efectividad de la administración de justicia en el marco del proceso penal en cuestión. Así, se busca garantizar que todas las actuaciones judiciales y fiscales se ajusten a los principios constitucionales y legales, promoviendo un proceso justo y respetuoso de los derechos humanos de la víctima y demás partes involucradas.