Contexto y tribunal competente

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en su Sala Tercera de Decisión Civil Familia Laboral, conoció y resolvió en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto en un proceso ordinario laboral contra el municipio local. La providencia judicial, de naturaleza sentencia, fue proferida en sesión del 10 de marzo de 2026 y notificada mediante edicto el 20 de marzo de 2026.

Antecedentes del caso

El proceso se originó por la demanda de un pensionado de invalidez, quien solicitó que se declarara su derecho a la reliquidación y reajuste de la pensión vitalicia reconocida décadas atrás por la extinta Caja de Previsión Social del municipio. El demandante alegó que no se incluyeron todos los factores salariales devengados en el último año de servicio para el cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL), y que la mesada pensional no fue correctamente actualizada conforme al índice de precios al consumidor (IPC). En consecuencia, solicitó el pago de los reajustes, intereses moratorios y costas procesales. Por su parte, la entidad demandada objetó las pretensiones, señalando que la pensión fue liquidada conforme a las normas vigentes al momento del reconocimiento y que sólo se tuvieron en cuenta los factores salariales legalmente permitidos para la base de cotización y liquidación pensional.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El tribunal recordó que el derecho pensional se consolidó antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993), por lo que aplican las normas anteriores, en particular las Leyes 4 de 1976, 33 y 62 de 1985, y el Decreto 1743 de 1966. En cuanto al cálculo del IBL, la Sala señaló que deben considerarse únicamente aquellos factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes efectivos al sistema de seguridad social. El análisis de la certificación de salarios y aportes demostró que la pensión se reconoció con base en un promedio legalmente ajustado al último año de servicios, aplicándose la tasa de reemplazo del 75% establecida por la normativa. Además, se evidenció que la entidad incluso incluyó factores no contemplados en la ley, por lo que no existió detrimento para el pensionado. Respecto a la actualización de la mesada pensional, se explicó que la indexación exigía un lapso entre la fecha de retiro y la de reconocimiento de la pensión, lo cual no ocurrió en este caso. Por ende, no procedía la indexación de la primera mesada. En cuanto al reajuste anual, el tribunal confirmó que se aplicaron correctamente las normas vigentes: inicialmente la Ley 71 de 1988 y luego, a partir del 30 de junio de 1995, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que determina la actualización de las pensiones según el IPC certificado por el DANE para montos superiores al salario mínimo legal mensual vigente.

Decisión y consecuencias procesales

Por unanimidad, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia que negó la reliquidación solicitada y absolvió al municipio demandado de las pretensiones, condenando en costas a la parte actora por la improcedencia del recurso de apelación. Finalmente, la decisión fue ejecutoriada y el expediente devuelto al juzgado de origen para lo correspondiente. Esta providencia reafirma la importancia del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y la estricta aplicación de las normas que regulan el reconocimiento y actualización de pensiones públicas, garantizando la correspondencia entre los aportes realizados y el monto de la prestación reconocida. De esta manera, se preserva el equilibrio entre los derechos de los pensionados y la viabilidad económica de las entidades públicas encargadas del pago de estas prestaciones.