Contexto y antecedentes del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, plantearía modificaciones al Decreto 1077 de 2015, que regula el sector vivienda, ciudad y territorio en Colombia. Estas reformas se enmarcarían en el cumplimiento de políticas nacionales e internacionales sobre gestión sostenible de residuos sólidos, incluyendo compromisos derivados de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) y acuerdos como el Acuerdo de París y la Estrategia Nacional de Economía Circular. El documento haría énfasis en la necesidad de avanzar hacia un modelo de economía circular, promoviendo la reducción, reutilización, reciclaje y tratamiento de residuos, con especial atención a la fracción orgánica. Actualmente, solo un 20% de los 15,1 millones de toneladas de residuos sólidos generados anualmente en Colombia serían aprovechados, y la mayor parte se dispondría en rellenos sanitarios, generando impactos ambientales y sociales.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto de decreto tendría como objetivo principal fortalecer el marco normativo para la prestación del servicio público de aseo, especialmente en las actividades de recolección y transporte selectivo de residuos sólidos orgánicos y su tratamiento. Se buscaría establecer condiciones técnicas, operativas y de control que eviten la disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios y fomenten su aprovechamiento sostenible. Además, se propondrían ajustes en las actividades complementarias de barrido, limpieza, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y atender las particularidades de diferentes territorios, incluyendo zonas palafíticas.

Principales modificaciones y nuevas disposiciones

Entre las reformas más relevantes que incluiría el proyecto se encontrarían:

• Definiciones claras sobre conceptos fundamentales como aforo, residuos sólidos orgánicos, rutas selectivas de recolección, sitios de tratamiento y zonas palafíticas.
• La obligación de realizar la recolección y transporte selectivo de residuos sólidos orgánicos por parte de personas prestadoras del servicio público de aseo, con destino a sitios de tratamiento autorizados y registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
• Establecimiento de requisitos técnicos para vehículos y equipos usados en la recolección y transporte de residuos orgánicos, garantizando condiciones de higiene, seguridad y protección ambiental.
• Implementación de campañas educativas coordinadas entre entidades territoriales y prestadores para promover la separación en la fuente y la adecuada presentación de residuos orgánicos.
• Regulación de actividades de barrido y limpieza manual y mecánica de vías y áreas públicas, incluyendo la instalación y mantenimiento de cestas para residuos en espacios públicos.
• Determinación de responsabilidades y acuerdos entre prestadores que operen en áreas de confluencia para la prestación eficiente y coordinada de servicios.
• Obligatoriedad de contar con bases de operación para prestadores con más de 5.000 usuarios, con condiciones específicas para su ubicación y equipamiento.
• Establecimiento de criterios para la localización de sitios de tratamiento en los planes de ordenamiento territorial, considerando aspectos ambientales, riesgos y compatibilidad de uso del suelo.
• Jerarquización en la selección de tecnologías de tratamiento, priorizando la reducción en la fuente, reutilización, reciclaje, tratamiento biológico y valorización energética, dejando la disposición final como última alternativa.
• Definición de obligaciones para las entidades territoriales en la incorporación de metas progresivas de reducción de disposición final y aumento de tasas de tratamiento y aprovechamiento en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
• Creación de un comité de conciliación de cuentas entre prestadores para la facturación, recaudo y traslado de recursos relacionados con la recolección selectiva y tratamiento de residuos orgánicos.
• Regulación detallada sobre la facturación conjunta del servicio público de aseo, incluyendo obligaciones de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI) administrado por la SSPD.
• Establecimiento de sanciones por incumplimientos, control y seguimiento a la operación de sitios de tratamiento y actividades complementarias.

Participación de actores clave en la implementación

El proyecto de decreto indicaría que las personas prestadoras del servicio público de aseo serían responsables de la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, debiendo registrar sus actividades ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cumplir con requisitos técnicos y operativos definidos. Las entidades territoriales tendrían la responsabilidad de asegurar la prestación del servicio, incorporar metas de reducción y tratamiento en sus planes de gestión, y coordinar la delimitación de áreas especiales como zonas palafíticas. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tendría a cargo la definición de metodologías tarifarias, criterios para incentivos, y la regulación de acuerdos entre prestadores.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 385 de 2026, el proyecto de decreto habría sido publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés en un periodo comprendido entre fechas específicas aún por confirmar. Las observaciones y aportes podrían ser presentados mediante los canales oficiales dispuestos por el Ministerio, facilitando así la participación ciudadana en la consolidación final de la norma.

Vigencia y efecto

Una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial, el proyecto de decreto surtiría efectos inmediatos, modificando los Capítulos 1, 2 y 6 del Título 2, de la Parte 3, del Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, y derogando las disposiciones que le sean contrarias. Hasta entonces, permanecería en etapa de proyecto y sujeto a revisión y ajustes. Con estas reformas, se espera que Colombia avance hacia una gestión más eficiente y sostenible de sus residuos sólidos, contribuyendo a la protección ambiental, la salud pública y el desarrollo de una economía circular en el país.