Contexto y entidad emisora
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se enfocaría en actualizar y complementar el Decreto 1077 de 2015, único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Este decreto buscaría adecuar las normas referentes a la transparencia, divulgación y participación ciudadana en los procesos regulatorios llevados a cabo por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La iniciativa se fundamentaría en diversas normas previas, como la Ley 142 de 1994, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, que establecen los principios y procedimientos para la regulación y participación ciudadana en el sector de los servicios públicos domiciliarios.
Propósito y alcance del proyecto
El propósito principal del proyecto sería actualizar las reglas mínimas para la divulgación y la participación en las actuaciones regulatorias de la CRA, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la gobernanza regulatoria. Se buscaría incorporar prácticas regulatorias modernas, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y armonizar las reglas con el marco normativo vigente, incluida la implementación del ciclo de gobernanza regulatoria. Los sectores afectados serían los usuarios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como los agentes del sector interesados en la regulación tarifaria y la calidad del servicio.
Principales modificaciones y medidas propuestas
El proyecto plantearía un procedimiento único especial para la expedición de resoluciones de carácter general por parte de la CRA, que incluiría etapas claras y sistemáticas: planeación, diseño, redacción, consulta pública, revisión, publicación y evaluación. Destaca la inclusión del uso obligatorio del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para publicar proyectos de resolución y promover la participación ciudadana.
Respecto a la consulta pública, se establecerían términos específicos: para proyectos que adopten marcos tarifarios con vigencia de cinco años, el plazo mínimo sería de sesenta días calendario; para otros proyectos de resolución general, mínimo quince días calendario. Además, durante la consulta, la CRA podría extender los términos a su criterio o a solicitud de la ciudadanía.
El contenido mínimo de los documentos publicados para consulta incluiría el texto del proyecto de resolución, análisis técnicos, económicos y jurídicos, además de una invitación explícita para recibir observaciones, y la identificación de la dependencia administrativa responsable.
Para la adopción de marcos tarifarios quinquenales, se propondrían reglas especiales de difusión, como la publicación anticipada de las bases sobre las cuales se efectuaría el estudio tarifario, realización de consultas públicas en diferentes distritos y municipios, y la elaboración de documentos explicativos en lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de los usuarios.
Finalmente, se establecería la compilación temática y actualizada de las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA, con numeración continua, para facilitar su consulta pública y fortalecer la seguridad jurídica.
Participación de actores clave
El proyecto asignaría un papel central a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que ejercerá autonomía técnica en la ejecución de las etapas del ciclo de gobernanza regulatoria. Asimismo, se prevé la activa participación de los usuarios, entidades prestadoras, comités de control social, asociaciones de consumidores, organizaciones gremiales, universidades y centros de investigación en los procesos de consulta pública.
Además, se contemplaría la colaboración de los Gobernadores para la divulgación de la información y la organización de consultas públicas. El Sistema Único de Información (SUI) dispondría de un módulo para registrar organizaciones que deseen colaborar con los usuarios en el entendimiento de los proyectos regulatorios.
Acceso al proyecto y participación ciudadana
El proyecto indicaría que los proyectos específicos de regulación deberán ser publicados en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y en la página web institucional, permitiendo a la ciudadanía enviar observaciones, reparos o sugerencias dentro de los plazos establecidos. Esta fase de consulta contribuiría a fortalecer la transparencia y la legitimidad de las decisiones regulatorias.
El proyecto de decreto se sometería a la publicación oficial, y se espera que durante el proceso de consulta pública se habiliten los canales para que los interesados participen y aporten sus observaciones conforme a los términos señalados.
En conclusión, este proyecto buscaría modernizar y consolidar las normas que regulan la participación y divulgación en los procesos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, fomentando una regulación más transparente, técnica y participativa en beneficio de los usuarios y el sector.
