Contexto procesal y antecedentes

La providencia judicial objeto de análisis es un auto proferido en segunda instancia por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 10 de marzo de 2026, dentro de un recurso de apelación interpuesto contra un auto emitido el 14 de octubre de 2025 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bucaramanga. El proceso ordinario laboral fue promovido por un demandante que solicitó la declaración de existencia de una relación laboral con dos contratos a término indefinido, y la condena al demandado al pago de aportes omitidos a pensión, además de la pensión sanción establecida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre los medios de prueba solicitados se incluyó el interrogatorio de parte del demandado. Durante la audiencia, la juez de primera instancia negó el interrogatorio solicitado, argumentando que el demandado padece Alzheimer, condición que afecta su memoria y juicio, impidiendo una confesión consciente y libre, requisito indispensable para la validez de dicha prueba.

Consideraciones y fundamentos jurídicos

La Sala Superior confirmó la decisión del juez de primera instancia tras analizar los principios de conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas. Aunque la prueba propuesta superaba el filtro de conducencia y pertinencia, no cumplía con el requisito de utilidad debido a la incapacidad cognitiva del demandado. El auto recalcó que el artículo 198 del Código General del Proceso establece que el operador judicial puede ordenar el interrogatorio de las partes, debiendo ser absuelto personalmente por personas capaces. Además, el artículo 199 autoriza que, en caso de incapacidad para asistir a la audiencia, se utilicen tecnologías para la declaración, pero siempre se requiere que la confesión sea expresa, consciente y libre (artículo 191, numeral 4). En cuanto a la capacidad legal, la Ley 1996 de 2019 presume la capacidad de todas las personas para ejercer derechos y obligaciones, estableciendo mecanismos de apoyo para quienes tengan discapacidad. No obstante, la providencia señala que la asignación de apoyos, tales como asistencia para la comunicación o comprensión, debe realizarse mediante un proceso judicial específico generalmente tramitado ante un juez de familia, no en un proceso laboral. Por tanto, la Sala concluyó que no correspondía al juez laboral asignar apoyos para facilitar el interrogatorio, y que la ausencia de un procedimiento previo para tal fin imposibilitaba la práctica de la prueba solicitada.

Valoración de la evidencia médica

La Sala valoró especialmente el informe médico que acreditó un compromiso leve-moderado en la memoria explícita verbal y socio-cultural del demandado, con dificultades para recordar hechos recientes y remotos. Esta afectación cognitiva impide acceder espontáneamente a la información almacenada, esencial para responder con veracidad y fiabilidad en un interrogatorio sobre hechos ocurridos hace más de veinte años. Dado este diagnóstico, la prueba carecería de utilidad práctica y podría generar versiones alteradas de la realidad, afectando la formación del convencimiento judicial.

Decisión final y consecuencias procesales

Como resultado, la Sala confirmó íntegramente el auto que negó el interrogatorio de parte, fundamentado en la falta de utilidad de la prueba y la imposibilidad de obtener una confesión válida. Adicionalmente, se condenó en costas al demandante recurrente, fijando las agencias en derecho en un monto equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente, se ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen para continuar con el trámite correspondiente. Esta decisión destaca la importancia del respeto a las condiciones cognitivas de las partes en la práctica probatoria y la correcta aplicación de los principios procesales que garantizan un debido proceso, especialmente en materia laboral.