Contexto y tribunal que resolvió

La providencia en cuestión fue proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia superior funcional frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. La decisión se adoptó en segunda instancia y se plasma en un auto fechado el 3 de febrero de 2026.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue instaurada por la madre de una víctima menor de edad, actuando como agente oficiosa, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, así como la Personería Municipal de Melgar. La demanda se fundamentó en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia, en el contexto de un proceso penal donde se condenó a un sujeto por delitos sexuales contra menor de edad. El reclamo principal giraba en torno a la falta de respuesta a un derecho de petición presentado el 26 de julio de 2025, en el que se solicitaba información sobre el trámite del recurso de apelación y la solicitud de medida de aprehensión del condenado, además de la apertura de procesos disciplinarios contra autoridades judiciales involucradas. En primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior rechazó la demanda por falta de acreditación de legitimación activa, dado que la hija era mayor de edad y no se justificó la representación. Posteriormente, se detectó que la información enviada por la actora fue dirigida a la bandeja de correos no...