Entidad emisora y contexto normativo

La Resolución No. 297 de 2026, emitida el 21 de abril de 2026, fue adoptada por el Comité de Gestión para la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano creado mediante la Resolución No. 820 de 2019 y modificado por la Resolución No. 118 de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz es una entidad autónoma en lo administrativo, presupuestal y técnico, establecida por el Acto Legislativo 01 de 2017 y regulada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que establece la administración centralizada y orientada al logro de sus objetivos.

Tema principal y destinatarios

La resolución adopta el Plan Anual de Pedagogía 2026, un instrumento institucional que regula las actividades pedagógicas de la JEP para el año 2026. Este plan está dirigido a diversos públicos de interés, incluyendo víctimas acreditadas, comparecientes, representantes judiciales, entidades del Estado, autoridades étnicas, academia, ciudadanía en general y periodistas. La importancia de este público radica en su rol central para garantizar la participación efectiva en los procesos de justicia transicional y restaurativa, así como para fortalecer la comprensión social del mandato y funcionamiento de la JEP.

Objetivo y finalidad de la resolución

La finalidad principal es adoptar formalmente el Plan Anual de Pedagogía 2026 como parte integral de la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento de la JEP. Este modelo tiene como propósito promover la identificación, documentación y circulación del conocimiento institucional, fortalecer las capacidades del talento humano y facilitar la comprensión social del quehacer de la jurisdicción en torno a la justicia restaurativa, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.

Decisiones y regulaciones clave

Entre las decisiones principales contenidas en la resolución destacan:

• La adopción del Plan Anual de Pedagogía 2026 aprobado unánimemente por el Comité en sesión del 6 de marzo de 2026.
• La ejecución del plan estará a cargo de las dependencias responsables de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
• Se establece que toda acción pedagógica debe contar con instrumentos de evaluación adecuados al tipo de proceso pedagógico, clasificados en cuatro categorías: pedagogía para la participación, para la comprensión, para la formación y para la toma de decisiones estratégicas.
• Se impulsa una estrategia comunicativa articulada con la Subdirección de Comunicaciones para unificar y posicionar mensajes clave sobre el quehacer de la JEP, empleando recursos como bancos de piezas comunicativas y respuestas periódicas a preguntas frecuentes.
• Se designa la Subdirección de Fortalecimiento Institucional como responsable de articular la gestión pedagógica y realizar los trámites administrativos correspondientes.

Base legal y modificaciones

La resolución se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley Estatutaria 1957 de 2019, y las Resoluciones No. 820 de 2019 y No. 118 de 2026. No modifica ni revoca disposiciones previas, sino que ordena la adopción y ejecución del Plan Anual de Pedagogía 2026, consolidando las lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas en el Plan 2025.

Plazos y vigencia

El Plan Anual de Pedagogía 2026 entra en vigor a partir de la fecha de publicación de la Resolución en la página web oficial de la JEP. La ejecución y seguimiento se realizarán durante el año 2026, con monitoreos bimestrales a través de la Mesa de Coordinación Pedagógica y reuniones específicas según público objetivo.

Impacto potencial

La adopción del Plan Anual de Pedagogía 2026 representa un avance significativo en la institucionalización de la gestión del conocimiento y formación dentro de la JEP. Al promover espacios de reflexión, comprensión y participación, se fortalece el acceso a la justicia para víctimas y comparecientes, se fomenta una cultura de paz y reconciliación, y se contribuye a la legitimidad y sostenibilidad del sistema de justicia transicional colombiano. La estrategia pedagógica también busca mejorar la articulación interinstitucional y territorial, asegurando que los mensajes sobre la justicia restaurativa lleguen de manera clara y coherente a todos los actores involucrados y a la sociedad en general.