Tribunal y contexto procesal
La providencia analizada fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en el marco del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena. La sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por una empresa de acueducto y alcantarillado en liquidación, en contra de varias resoluciones expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) que liquidaron una contribución especial por prestación de servicios públicos.
Antecedentes fácticos y procesales
La empresa demandante cuestionó la legalidad de las resoluciones de la SSPD que liquidaron la contribución especial correspondiente al año 2017. Tras la sentencia parcial favorable emitida por el Tribunal Administrativo, la SSPD interpuso recurso de apelación, admitido por el Consejo de Estado. En el escrito de apelación, la entidad solicitó la admisión de una prueba documental adicional consistente en un reporte financiero del año 2016, con el fin de sustentar su defensa.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El despacho ponente recordó que el artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece que el decreto de pruebas en segunda instancia es excepcional y procede únicamente en casos específicos, tales como:
- Solicitud conjunta de las partes.
- Negación o incumplimiento injustificado en primera instancia.
- Hechos ocurridos con posterioridad al término para pedir pruebas en primera instancia.
- Imposibilidad de solicitar la prueba antes por fuerza mayor o caso fortuito.
- Contrapruebas relacionadas con los casos anteriores.
En el presente caso, la Sala verificó que la parte demandada no fundamentó ni sustentó la solicitud de prueba de acuerdo con las causales previstas en...
