Entidades emisoras y contexto normativo

La Resolución 116 de 2026 fue expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN) el 30 de abril de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.477. Esta entidad, encargada de la supervisión y regulación de la contabilidad pública en Colombia, fundamenta su accionar en la Ley 298 de 1996 y el Decreto 1693 de 2023, entre otras normas. La resolución se inscribe dentro del Régimen de Contabilidad Pública (RCP), que regula los marcos normativos aplicables a diferentes entidades, desde empresas hasta entidades gubernamentales, según lo establecido en resoluciones anteriores de la CGN.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de la Resolución 116 es la prórroga del plazo para el reporte de la información financiera pública, específicamente la categoría de Información Contable Pública - Convergencia (ICPC), correspondiente al periodo enero - marzo de 2026. Esta información debe ser reportada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP). Los destinatarios de esta resolución son todas las entidades públicas sujetas al RCP, incluyendo organismos de gobierno y entidades públicas que deben cumplir con los estándares contables establecidos por la CGN. Este grupo es relevante dado que sus reportes alimentan los estados financieros consolidados de la Nación y del Sector Público, impactando la transparencia y estabilidad fiscal.

Objetivo de la resolución

El principal objetivo de la Resolución 116 es otorgar una prórroga en el plazo para la presentación de la información financiera requerida, debido a dificultades técnicas detectadas en el sistema CHIP. En particular, se presentaron intermitencias en el módulo encargado del envío de correos de notificación, lo que afectó la confirmación de recepción, trazabilidad y validación de los datos reportados. Esta situación dificultó el cumplimiento oportuno del reporte y generó múltiples solicitudes de aclaración por parte de las entidades públicas.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución establece de manera clara y directa:

• Se prorroga el plazo inicialmente fijado en el artículo 11 de la Resolución 138 de 2025 para el reporte de la categoría ICPC del periodo enero - marzo de 2026.
• El nuevo plazo máximo para la presentación de esta información a través del sistema CHIP es hasta el 8 de mayo de 2026.
• Se mantienen vigentes las demás disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y se derogan las normas que les sean contrarias.

Base legal y modificaciones

La prórroga se fundamenta en los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996, así como en los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto 1693 de 2023, que atribuyen a la CGN funciones de regulación y supervisión en materia contable pública. Además, se hace referencia a la Resolución 138 de 2025, cuya disposición sobre plazos para reportes es modificada temporalmente a través de esta nueva resolución. La medida se toma con base en el análisis de las contingencias técnicas que afectan la consolidación de la información financiera, y en la necesidad de preservar la integridad y calidad de los datos reportados.

Impacto potencial

Esta prórroga busca asegurar la continuidad y estabilidad del Sistema Contable Público Colombiano, evitando que problemas técnicos afecten la confiabilidad de la información financiera pública. Al extender el plazo, se facilita que las entidades públicas puedan cumplir con sus obligaciones de reporte sin comprometer la calidad ni la oportunidad de los datos. Esto resulta fundamental para la elaboración precisa de los estados financieros de la Nación y del Sector Público, elementos clave para la toma de decisiones y el control fiscal. En conclusión, la Resolución 116 de 2026 representa una medida transitoria pero esencial para garantizar la eficacia del proceso de reporte contable público en Colombia, frente a dificultades técnicas inesperadas en los sistemas de información financiera. De esta manera, la Contaduría General de la Nación reafirma su compromiso con la transparencia y la calidad de la información financiera pública, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión fiscal y la confianza ciudadana en las entidades públicas.