Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad electoral instaurado conforme al artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. La magistrada ponente, competente para dictar autos interlocutorios según el artículo 125.31 de la misma ley, resolvió sobre una recusación planteada contra uno de los magistrados que conoce del caso.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene como objeto la nulidad del acto de elección de un magistrado de la Corte Constitucional. La demanda fue admitida en octubre de 2025 y, posteriormente, se reconoció la calidad de terceros coadyuvantes a dos ciudadanos. En abril de 2026, una ciudadana presentó una recusación contra un magistrado de la Sección Quinta, argumentando un posible conflicto de interés derivado del vínculo laboral pasado de un familiar cercano en una entidad pública. Paralelamente, la misma solicitante elevó una petición de verificación integral para investigar posibles vínculos de interés e impedimentos entre los magistrados que conocen del proceso y el magistrado demandado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala recordó que, conforme al artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia de la Sección, la participación de terceros en procesos de nulidad electoral está limitada: pueden realizar actuaciones permitidas a la parte a la que coadyuvan, no pueden oponerse a actuaciones de dicha parte ni disponer autónomamente del derecho en litigio. Por tanto, la recusación presentada de manera independiente por la ciudadana excede las facultades que le competen como tercero coadyuvante. Además, el magistrado recusado explicó que el vínculo laboral alegado es anterior y que el familiar no ocupó cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo en la entidad mencionada, requisito para configurar la causal de recusación según el numeral 3º del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Asimismo, la entidad pública señalada no es parte ni tercero en el proceso, lo que descarta la existencia de un interés personal, actual y directo que afecte la imparcialidad. En cuanto a la solicitud de verificación integral presentada por la misma ciudadana, el Consejo de Estado determinó remitirla a la Presidencia de la Corporación para su trámite, dada la naturaleza de la petición y la implicación de los magistrados involucrados. Finalmente, se negó la intervención de una fundación que pretendía actuar como coadyuvante al no acreditar la representación legal correspondiente.

Decisión y órdenes del Consejo de Estado

El Consejo de Estado resolvió:

• Admitir a los terceros coadyuvantes reconocidos previamente.
• Negar la intervención de la fundación por falta de representación legal.
• Rechazar la recusación presentada por el tercero coadyuvante, por carecer de legitimación y no cumplir con los requisitos legales.
• Remitir la solicitud de verificación integral a la Presidencia del Consejo de Estado para su estudio.
• Ordenar que el proceso continúe su trámite ordinario una vez ejecutoriada esta providencia.

Esta decisión reafirma la importancia de respetar los límites procesales de la participación de terceros en procesos de nulidad electoral y los requisitos objetivos para la recusación de magistrados, garantizando así la adecuada administración de justicia y la imparcialidad en este tipo de procedimientos.