Propósito general y objetivo del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito general establecer las condiciones y requisitos relacionados con el otorgamiento del subsidio comunitario en el servicio público domiciliario de acueducto, así como su aplicación, seguimiento y manejo de saldos excedentes generados por gestores comunitarios del agua y saneamiento básico. Su objetivo principal es reglamentar el proceso conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, promoviendo la sostenibilidad de pequeños prestadores del servicio que atienden a usuarios de bajos ingresos, específicamente en estratos 1 y 2.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

Este proyecto introduce un marco regulatorio detallado para el subsidio comunitario, definiendo aspectos claves como:

• El valor máximo del subsidio por suscriptor, que para el año 2026 se fija hasta en $16.608 mensuales, con topes del 80% para estrato 1 y 50% para estrato 2 sobre la factura o documento equivalente.
• Condiciones específicas para la solicitud y otorgamiento del subsidio, incluyendo requisitos de representación legal, registro en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) y la prohibición de recibir subsidios simultáneos de otras fuentes.
• Procedimientos para la identificación de suscriptores beneficiarios, utilizando la estratificación socioeconómica adoptada por las alcaldías municipales o distritales, y exclusiones claras de ciertos tipos de usuarios.
• Un proceso administrativo para la presentación, verificación, aprobación y notificación de las solicitudes, con plazos establecidos y mecanismos para subsanar requisitos incompletos.
• Regulación sobre la aplicación del subsidio en las facturas y documentos equivalentes, asegurando que se refleje claramente el descuento como “subsidio comunitario”.
• Mecanismos para la suspensión, revocatoria y modificación del subsidio en caso de incumplimientos o cambios en las condiciones de los gestores comunitarios.
• Procedimiento para la devolución o ajuste de saldos excedentes en caso de sobreaplicación del subsidio.
• Lineamientos para la divulgación pública del subsidio otorgado, promoviendo la transparencia y el uso eficiente del recurso.
• Criterios de priorización para la asignación y giro del subsidio en situaciones de insuficiencia presupuestal, privilegiando áreas con mayor vulnerabilidad y proyectos de desarrollo territorial.

Impacto y alcance potencial del proyecto

El proyecto busca fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico mediante el apoyo económico directo a los pequeños gestores comunitarios que no reciben subsidios municipales. Esto favorece a sectores vulnerables de la población, especialmente en zonas rurales y urbanas de bajos estratos socioeconómicos. La regulación clara del subsidio contribuye a la sostenibilidad financiera de los prestadores del servicio y promueve la eficiencia en la administración de recursos públicos. Además, la priorización de municipios con menores capacidades fiscales y afectados por el conflicto armado refleja el enfoque social y territorial del programa.

Participación de actores clave

El proyecto involucra principalmente a los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, municipios, distritos y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio actúa como entidad rectora, encargada de la verificación, asignación y giro de los subsidios, así como del seguimiento y control. Los municipios y distritos tienen un rol de apoyo en la verificación de información y en facilitar la gestión comunitaria. Finalmente, la Superintendencia supervisa el cumplimiento y calidad de la información reportada. Este proyecto se encuentra publicado para participación ciudadana en la página web del Ministerio, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando garantizar transparencia y eficiencia en el trámite administrativo. El trámite para la solicitud del subsidio comunitario no tendrá costo y se realizará preferentemente por medios electrónicos, con alternativas presenciales en las alcaldías o planes departamentales de aguas para quienes presenten dificultades de conectividad. La resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y se aplicará conforme a lo establecido en el Decreto 0960 de 2025, garantizando así un marco legal actualizado que responde a las necesidades actuales de los gestores comunitarios y las comunidades beneficiarias. Con esta iniciativa, se espera mejorar la calidad del servicio de acueducto domiciliario en las zonas más vulnerables, promoviendo la inclusión social y el desarrollo sostenible en el sector de agua potable y saneamiento básico.